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El juez de Barcelona Josep Maria Miquel Porres ha abierto una investigación contra el director de los Mossos d'Esquadra, Manel Prat, varios mandos de la policía autonómica y la exteniente de alcalde de Seguridad de Barcelona Assumpta Escarp por la operación policial de desalojo y las cargas del pasado 27 de mayo en la acampada de indignados de la plaza de Catalunya.

El juez ha admitido a trámite la querella interpuesta por medio centenar de indignados por la operación policial, que se saldó con más de 100 heridos, y ha abierto una causa en la que ha acumulado otras 50 denuncias presentadas en los juzgados barceloneses por las cargas.

La investigación se dirige también contra el responsable del dispositivo de orden público en Barcelona de los Mossos d'Esquadra, Antoni Antolín, contra un jefe de los antidisturbios, David Bordas, así como contra los guardias urbanos y policías autonómicos que puedan resultar responsables, por posibles delitos contra derechos fundamentales, como el de reunión.

La querella presentada por el medio centenar de indignados se dirige también contra el conseller de Interior, Felip Puig, pero el juez sostiene que carece de competencia para investigarlo por tratarse de un aforado, por lo que el caso correspondería al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Declaración de los denunciantes y reportajes gráficos

El magistrado ha tomado esta decisión tras la comparecencia de 48 de los denunciantes y después de visualizar numerosos reportajes gráficos aportados en la querella por la actuación policial de la plaza de Catalunya, que se inició como una "operación de limpieza" para eliminar del campamento de indignados los elementos peligrosos cara a la previsible celebración futbolística de la noche siguiente con motivo de la victoria del Barça en la final de la Liga de Campeones.

En su auto, el juez considera que los hechos relatados en la querella "imponen la investigación procesal dirigida en un primer estadio a la presunta vulneración del derecho fundamental a la libertad de reunión". Las pesquisas se sitúan "básicamente en el ámbito de los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales, así como en el ámbito de los ilícitos contra la integridad corporal, el patrimonio y las personas".