Jóvenes extutelados, el difícil reto de emanciparse
Al llegar a los 18 años, los chavales que han estado bajo la tutela de la Administración quedan desprotegidos. Las entidades alertan sobre su vulnerabilidad, pese a que en Catalunya, con una ley pionera, se les sigue atendiendo con diversos planes
Para muchos chavales llegar a los 18 años es una ilusión en tanto se les abre un mundo de posibilidades, aunque para otros tras esa puerta hay incertidumbre y miedo porque les sitúa en un camino lleno de obstáculos. Es el caso de los jóvenes que han sufrido una situación de desamparo porque su familia no se pudo hacer cargo o porque llegaron solos a nuestro país buscando una oportunidad y han estado bajo la tutela de la Administración en centros residenciales. Un techo que deben de abandonar al llegar a la mayoría de edad. Aunque son necesarias mejoras, Catalunya tiene una legislación pionera que desde el 2010 incluye el apoyo a los jóvenes extutelados con una prestación económica (663 euros mensuales hasta los 21 años si han estado más de tres tutelados) y planes de emancipación en el marco de los cuales pueden acceder hasta los 21 a una vivienda asistida y compartida vigilados por educadores de oenegés de la Federació d'Entitats amb Proyectes i Pisos Assistits (Fepa).
Actualmente en España hay 30.000 niños y jóvenes tutelados y más de 5.000 extutelados. En Catalunya cada año la Generalitat atiende a 2.000 jóvenes. Las asociaciones de la Fepa acompañan a unos 700. Detrás de las cifras, duras historias de chavales que no siempre aceptan o logran seguir un proceso que les permite afrontar la mayoría de edad con algo menos de vulnerabilidad. Se trata de un colectivo con una compleja situación, agravada no solo por las dramáticas cifras de paro juvenil, sino también por un nivel formativo muy inferior a la media y una edad de emancipación mucho más temprana. Por eso, tras la reciente publicación del informe de la presidenta de la Fepa, Ana Villa, Jovesextutelats. El repte d'emancipar-se avui, desde la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya han clamado, ante todo, por la aprobación de un marco legal estatal que incluya su atención cumplidos los 18 (al modo catalán).
DIFICULTADES PARA LOS INMIGRANTES / Una de las injusticias más flagrantes sobre la que llama la atención Villa es el caso de los inmigrantes. La legislación actual les obliga a tener una oferta laboral de jornada completa y de un mínimo de un año para obtener permiso de trabajo. «Es absurdo, tienen la residencia pero no permiso de trabajo, lo cual sin duda hace crónica la exclusión social de estos chicos», denuncia Villa. La autora del informe también pone como retos continuar avanzando en la igualdad de oportunidades, garantizar la formación de los menores y la acción preventiva desde adolescentes potenciando los planes de autonomía personal y el ayudarles a ampliar su red social como clave de un buen proceso de emancipación. Para ello, apunta, es necesaria una mejor coordinación entre departamentos y voluntad política.
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