La invasión de los drones

Llega la Semana Santa. Llega el buen tiempo. Con él, la proliferación de actividades al aire libre. Un momento ideal para darle alas a los drones o artefacto volante no pilotado, normalmente dotado de minicámaras,  cuyo número se multiplica sin cesar en los últimos meses. Esta proliferación va más rápido de lo que las autoridades aeronáuticas quisieran: ya se pueden comprar, además de por internet, en grandes superficies comerciales. También se han multiplicado los tutoriales on line para fabricar drones caseros. Asustada por lo que se le viene encima y con un alud de consultas sobre su uso, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha optado por recordar  que estos aparatos están prohibidos para uso civil. De momento.

AESA depende del Ministerio de Fomento. Quiere «evitar malentendidos y posibles incidentes». O sea, antes de que un cuadricóptero, más grande o más pequeño, más profesional o menos, acabe causando un accidente al precipitarse sobre la cabeza de alguien, ha decidido curarse en salud. «No está permitido su uso y nunca lo ha estado», observa la AESA  en un documento publicado en su  web, tal como confirma una portavoz de la entidad. O sea, que los que volaban hasta ahora lo hacían de forma alegal.

FOTOGRAFÍA AÉREA / Tal es el caso de numerosas empresas de fotografía aérea o de compañías de servicios que inspeccionan con drones sus líneas de alta tensión o ferroviarias. Todos estos pioneros deberán dejar el artefacto en tierra firme. Aunque se trate de fines profesionales. Parados hasta que se elabore la normativa que los regule, lo que la AESA está haciendo de acuerdo con la industria del sector con el objetivo de que no quede obsoleta en poco tiempo.

Entre tanto, la AESA recuerda que la actividad de aeromodelismo está regulada por la Real Federación de Aeronáutica y se limita a zonas especialmente habilitadas. La agencia invita a los particulares que tengan dudas sobre dónde pueden hacer volar sus ingenios, que se dirijan a esa federación. No obstante, poco tienen que ver los intereses de un aficionado al aeromodelismo con los del dueño, sea empresa o individuo, de un dron equipado con cámara.

ALERTA EUROPEA / Un asunto que genera gran inquietud es la amenaza que estos aparatos suponen para la privacidad. Como los drones tienen capacidad para llevar cámaras, micrófonos o ultrasensores, se dispara el peligro de intromisión ajena en la esfera privada. Esto está generando numerosas consultas ante las autoridades de protección de datos de toda Europa. La Agencia Española de Protección de Datos ya está estudiando los riesgos para los ciudadanos. Y la Comisión Europea ha pedido esta misma semana a los estados que adopten una norma común para regular el uso civil de los drones y garantizar la seguridad, proteger la privacidad de los ciudadanos y obligar a suscribir seguros a sus usuarios.

A diferencia de las cámaras de videovigilancia tradicionales, el dron permite una altísima maniobrabilidad y su adquisición y manejo está al alcance de muchísimos bolsillos. «Hay espacios abiertos que son privados, como las azoteas, el jardín de una casa, los patios interiores… Y ahí no se puede grabar nada. La frontera de la privacidad comienza cuando acaba la vía pública», recuerda Ricard Martínez, presidente de la Asociación Profesional Española de Privacidad.

PERMISOS EN LAS BODAS / Martínez considera que la ley de seguridad ciudadana permitirá usar un dron «como instrumento de vigilancia si en el mismo espacio está autorizada una cámara fija, si se prevé un problema de seguridad y se pide autorización, o en caso de urgencia máxima».

Aunque algunos payeses de Tarragona habían contemplado la posibilidad de usar drones para vigilar sus propiedades, el dirigente de Unió de Pagesos Josep Carles Vicente considera que si eso se autorizara finalmente, «debería ser con medios públicos, no privados».

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades (ACPD) se ha pronunciado ya en tres ocasiones a requerimiento de otros tantos organismos públicos: «El uso de un dron no debería comportar una violación de la privacidad si no puede captar imágenes que permitan identificar a personas», apunta Santiago Farré, jefe de la asesoría jurídica de la ACPD. Todo depende del uso. «Si la ley ampara la acción, se podrán usar».