Interior reconoce las «carencias e insuficiencias» de los CIE

Los centros de internamiento de extranjeros (CIE) presentan «carencias e insuficiencias». Esta vez no lo dicen las entidades sociales, ni los indignados, sino el Ministerio del Interior, departamento del que dependen. Así lo admitió anoche el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, quien aseguró en declaraciones a la Cadena SER que entre los primeros papeles que encontró sobre la mesa tras tomar posesión del cargo había un informe de la Inspección del ministerio sobre la situación de los CIE. «Es indudable que podemos mejorar en este aspecto», afirmó Ulloa, quien dijo haber estudiado también las múltiples denuncias y quejas de las oenegés y del Defensor del Pueblo sobre abusos en los CIE.

El secretario de Estado, sin embargo, evitó comprometerse en relación con la demanda de una reglamentación que ponga fin al limbo legal en que se encuentran los extranjeros internados en los nueve CIE que hay en España. EL PERIÓDICO impulsa dicha petición, que cuenta con el apoyo de diversas entidades sociales, profesionales y ciudadanas. Ulloa indicó que el desarrollo reglamentario está entre sus prioridades, pero condicionó la elaboración de esa norma a la consecución de un acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Este proceso, según sugirió el propio alto cargo de Interior, no sería breve.

Ulloa insistió en que, entre tanto, la voluntad de Interior es «esforzarse para que la situación de los internos reúna las condiciones mínimas de higiene, salubridad, alimentación y régimen de vida». Declaración de objetivos con la que, implícitamente, vino a reconocer que esas condiciones mínimas no se dan siempre en la actualidad.

TOMAS DE POSICIÓN EN BCN / El Ayuntamiento de Barcelona rechazó ayer, por su parte, la propuesta de ICV de instar al Gobierno central a que clausure el centro de la Zona Franca. En puridad, se trataba de que los partidos se vieran obligados a posicionarse sobre el CIE y sobre la conveniencia de que siga funcionando como hasta ahora, con la opacidad como norma y con características peores que las de una cárcel cuando sus internos no están allí por haber cometido un delito sino una falta administativa, la de estar en situación irregular en España.

La proposición del grupo que encabeza Ricard Gomà constaba de dos puntos sujetos a una sola votación. El primero era la petición de que el consistorio, que carece de competencias sobre la instalación, instara al Ejecutivo central a cerrarla. El segundo abogaba por la «inmediata aprobación de un reglamento de funcionamiento interno de los CIE para garantizar el respeto a los derechos humanos», mientras no se procede a su clausura. Una reclamación que no debería ser necesaria, ya que el Gobierno debía tenerlo redactado antes de junio del 2010.

Convergentes y socialistas propusieron a ICV que se votaran separadamente, pero Gomà no cedió. Aparte de los ecosocialistas, la proposición solo tuvo el apoyo del concejal de Unitat per Barcelona Joan Laporta, pese a que, como los demás, era más partidario de defender la regulación que el cierre. El PP rechazó de plano los dos puntos.