Interior legalizará la 'devolución en caliente' en Ceuta y Melilla

Un grupo de inmigrantes tratan de saltar la valla de Melilla junto a un campo donde juegan dos golfistas.

Un grupo de inmigrantes tratan de saltar la valla de Melilla junto a un campo donde juegan dos golfistas. / periodico

MAYKA NAVARRO / BARCELONA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La tragedia del Tarajal, en Ceuta, en la que murieron 15 personas cuando intentaban entrar en España, mientras otras 23 fueron obligadas a regresar a Marruecos, cuestionó la gestión política y policial de las controvertidas fronteras de Ceuta y Melilla. Desde entonces, en febrero pasado, un grupo de juristas del Ministerio del Interior, capitaneados por el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, busca una fórmula que ampare jurídicamente el complejo trabajo de la Guardia Civil en esas dos vallas. Ante la dificultad de encajar la devolución en caliente en el actual marco legislativo europeo, que reconoce el derecho a pedir asilo, Interior ha encontrado un controvertido atajo para reformar la ley de extranjería y dar cobertura legal a una nueva figura que se saca de la manga, el rechazo en frontera, y que solo se aplicará en Ceuta y Melilla.

El vericueto legal cuenta con la complicidad del grupo del Partido Popular en el Congreso, que ayer presentó una veintenena de enmiendas al proyecto de ley de seguridad ciudadana. Una de esas enmiendas propone modificar la ley de extranjería e introduce una nueva figura jurídica solo aplicable en las dos ciudades autónomas que lindan con Marruecos: el rechazo en la misma frontera. La nueva ley dirá así: «Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación de Ceuta o Melilla, intentando el cruce no autorizado de la frontera de forma clandestina, flagrante o violenta, serán rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

Esa nueva figura jurídica no es otra cosa que la devolución en caliente prohibida en la ley de extranjería, porque cualquier inmigrante, una vez llega a territorio español, tiene derecho a una asistencia letrada, a ser identificado para comprobar si es menor de edad, y a pedir asilo si ha huido de su país por razones políticas. Interior entiende que ser interceptado en la valla, o tras saltarla, no implica «estar ya en España».

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN

Tanto los partidos de la oposición como las organizaciones que trabajan con inmigrantes se echaron en tromba a criticar al Gobierno cuando conocieron la medida.

Fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, el encargado de anunciar la reforma coincidiendo con un nuevo intento de entrada en Melilla. Mientras el ministro trataba de explicar en los pasillos del Congreso la diferencia entre rechazo en frontera y devolución en caliente, en Melilla varias decenas de inmigrantes esperaban encaramados en lo alto de la valla un despiste de la Guardia Civil para saltar y correr.

Ni la malla antitrepa que Interior mandó instalar este verano ha logrado frenar a los inmigrantes que ansían llegar como sea a Europa por España. En los últimos saltos, los subsaharianos arrancaron parte del nuevo vallado, y ya se han abastecido de garfios y ganchos para superar los nuevos obstáculos. Al otro lado de la valla, la Guardia Civil tiene instrucciones de evitar los saltos y devolver inmediatamente a Marruecos a todo aquel que es interceptado. Los responsables de Interior saben que esas tres vallas de Melilla se levantaron en su día en territorio español, pero siguen apostando por la devolución inmediata como el único instrumento que tienen a su alcance para controlar esa entrada ilegal.

IMPUTACIONES

Interior es consciente del vacío jurídico con el que trabaja la Guardia Civil en esas dos fronteras. De hecho, el coronel jefe en Melilla y un comandante están imputados por esas devoluciones en caliente. Y el Gobierno teme que se sucedan las imputaciones.

En cuanto se apruebe la reforma, el ministerio pondrá en marcha un protocolo que recogerá una instrucción dictada por la Secretaría de Estado de Seguridad que detalla las condiciones para la devolución inmediata. Ese protocolo da por buenas todas las devoluciones de estos últimos meses y aclara, en otras palabras, que solo superando la barrera de guardias civiles se «consume la entrada ilegal en España».