PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
Imputado por prevaricación el subdirector general de Urbanisme de la Generalitat
SOS Lloret ha denunciado a Camil Cofan por permitir la construcción de un chalet en el paraje protegido de Can Juncadellla
Por qué confiar en El Periódico El juzgado de Instrucción número 1 de Girona ha admitido a trámite la querella interpuesta por la asociación ecologista SOS Lloret contra el exjefe de la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona Camil Cofan y la secretaria de este organismo por un presunto delito de prevaricación. Cofan, que en la actualidad es subdirector general de Urbanisme de la Generalitat, deberá declarar a finales del próximo mes ante el juez en calidad de imputado por haber permitido que se llevara a cabo la construcción de un chalet de lujo en la zona protegida de Can Joncadella de Lloret de Mar.
Esta finca está integrada en la zona protegida del macizo de Cadiretes, con una calificación del suelo de no urbanizable por hallarse bajo la protección de la Xarxa Natura 2000 y estar incluida en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN). Además, el paraje está reconocido como Lugar de Interés Comunitario y está protegido por el Plan Director Urbanístico del Sistema Costero.
Empresa de Kazajistán
Can Juncadella, situada en una finca sobre la playa de Canyelles, es propiedad de la empresa Flinder Data SLU, que pertenece a una familia vinculada al presidente y jefe del Estado de la República del Kazajistán. El Ayuntamiento de Lloret y la Comisión de Urbanismo de Girona autorizaron el derribo de una pequeña casa de 'masovers' y un gallinero para que en su lugar se construyera una residencia de unos 3.200 metros cuadrados, con aparcamiento interior para 15 coches, discoteca, sala de cine, jacuzzi, saunas, gimnasio, 13 dormitorios y 15 baños.
La Comisión de Urbanismo aprobó el proyecto en julio del 2010 a pesar de que la Conselleria de Medi Ambient había emitido tres informes desfavorables. La Fiscalía de Medio Ambiente llevó el caso a un juzgado de Blanes, que acabó archivándolo porque consideró que los arquitectos que habían sido imputados (uno de la comisión y otro del ayuntamiento) no tenían poder de influencia efectiva sobre esa aprobación. Ahora SOS Lloret ha vuelto a denunciar el caso por la vía penal, señalando a los máximos responsables de ese organismo.
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