La Iglesia debe pagar el IBI a un pueblo gallego por orden judicial

El Ayuntamiento orensano de Allariz (6.000 habitantes) será el primero en cobrar el impuesto de bienes inmuebles (IBI) a la Iglesia católica. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ourense ha dictaminado que la diócesis de esta provincia deberá abonar los 329 euros que le corresponden por cuatro propiedades eclesiásticas, ya que estima que no están exentas ni por el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede de 1979 ni por la ley de mecenazgo del 2002, contra lo que viene argumentando la jerarquía católica.

El fallo judicial, que pone punto final a un largo litigio entre el ayuntamiento y el obispado, es uno de los primeros conocidos en los que no se da la razón a la jerarquía católica y, además, no cabe recurso de apelación, y de no efectuarse el pago voluntario se pasará a la vía ejecutiva.

La Diócesis de Ourense se negó en diciembre del 2011 a formalizar el pago reclamado por el ayuntamiento, gobernado por el Bloque Nacionalista Galego desde hace 23 años. En junio pasado interpuso un recurso en el juzgado contencioso administrativo, basándose en que la petición municipal no se ajustaba a la legalidad ya que la Iglesia está exenta de pagar impuestos.

ÁNIMO DE LUCRO / Pero el juez ha tumbado los argumentos aportados por el obispado y considera en su sentencia que no se ha acreditado que ninguna de las cuatro propiedades «estén en ninguno de los supuestos de exención legalmente previstos» y que la Iglesia «no ha alegado ni menos aún ha probado ser una entidad sin ánimo de lucro». El magistrado recuerda que la ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo no recoge a «la Iglesia como tal». También afirma que el juzgador solo está «sometido» a «la Constitución y al imperio de la ley» por lo que «en nada le afectan las decisiones adoptadas por un órgano administrativo».

El alcalde de Allariz, el nacionalista Francisco García, aseguró que el fallo judicial «crea un precedente» y pidió que se unifique la jurisprudencia para poner fin a las numerosas resoluciones contradictorias. García también anunció que el ayuntamiento revisará minuciosamente las 95 propiedades eclesiásticas del municipio para proceder al cobro del IBI en todos aquellos casos amparados por la ley.

RECURSOS AL SUPREMO / Por su parte, los abogados de la defensa del obispado de Ourense anunciaron que estudian posibles medidas contra esta sentencia y una apelación al Tribunal Supremo. Precisamente, Allariz no es el primer municipio español que reclama este impuesto, pero la ejecución de los cobros está pendiente del Tribunal Supremo. El Ayuntamiento orensano de Amoeiro (2.500 habitantes) ultima una demanda ante el alto tribunal tras la sentencia de otro juzgado de Ourense que da la razón a la Iglesia. El alcalde, Rafael Rodríguez, del PSOE, amagó el pasado julio con embargar bienes y cuentas del obispado si no procedían al pago de 4.286 euros procedentes de recibos de fincas rústicas y urbanas pendientes desde el año 2010. Rodríguez anunció ayer que su ayuntamiento recurrirá en el plazo de dos semanas al Supremo para que sentencias como de Allariz «creen jurisprudencia».