Los huertos ilegales proliferan en los campos del Baix Llobregat

Arrendar una hectárea en el parque agrario del Baix Llobregat sale por unos mil euros al año. Si se trocea, si esos 10.000 metros cuadrados se convierten en pequeñas parcelas, se pueden llegar a conseguir miles de euros, hay quien habla de hasta 80.000 euros. Siempre ha habido huertos ilegales en la zona, pero los que la conocen coinciden en que es «un fenómeno que va a más»; una práctica de difícil resolución.

Desde el puente de Sant Vicenç dels Horts sobre las vías del AVE puede verse una lengua de terreno pegada al Llobregat. Abigarrados, con límites imperceptibles, decenas de pequeños cultivos que no deberían estar ahí. Pero no solo eso: cogen el agua del río, y eso está prohibido. En Sant Feliu, asidas al límite urbano, diminutas tierras sembradas, con su barraca, sus bidones azules para recoger agua y las garrafas para ir a la fuente. El artículo 28 de la normativa del parque es meridiana sobre este tema: «Se prohíben las divisiones de fincas en superficies inferiores a la unidad mínima de cultivo, establecida en una hectárea para regadío, y tres hectáreas para secano». Entonces, ¿por qué hay tanto huerto furtivo? Según un estudio de la Universitat Autònoma de Barcelona elaborado en el 2011, existen cerca de 1.000 huertos lúdicos que ocupan unas 250 hectáreas. En internet es pan comido dar con particulares o incluso empresas que arrendan pedazos de suelo para cultivar.

Mucho más que verduras

COLLSEROLA EN LA MEMORIA

A la zona del delta le pasa un poco lo que a Collserola, donde cada uno de los nueve municipios que rodean el parque natural debería encargarse de sus límites. Aquí son 14 los ayuntamientos que tienen que evitar malas artes agrícolas. En ambos casos, los consorcios se tiran de los pelos porque los consistorios no quieren ceder sus hectáreas para que todo quede bajo un solo paraguas, lo que permitiría una sola vara de medir. Dependen de la sensibilidad de cada alcalde, del dinero, de prioridades políticas...

Lluís Parés, responsable de política territorial de Unió de Pagesos en el Baix Llobregat, tiene a bien mostrar a este diario los huertos ilegales, «una actividad que crece». No solo incumplen la normativa de unidad mínima de cultivo. También la de construcciones permitidas -demasiadas y con tamaños irregulares- y la de cierre de hectáreas. «Estas tierras están destinadas a la producción de alimentos, no a pasar el rato», se queja este agricultor jubilado, defensor de la idea de que el consorcio gobierne toda la superficie.

Raimon Roda es el gerente de este órgano gestor y está en contra de los huertos en zona agrícola. Cuenta que el 45% de las tierras cultivables son explotadas por los propietarios, y que el 55% está en manos de arrendatarios. Admite que el cultivo ilegal es «un fenómeno que está creciendo» y detalla que ya se han abierto expedientes sancionadores. «Esta práctica responde a una necesidad social y se debe gestionar desde el consenso». Por ello, la revisión del plan especial de protección y mejora del parque, aprobada en marzo pero pendiente de que se publique en el DOGC para que se haga efectiva, hace referencia, por primera vez, a los «huertos lúdicos sociales». Estima el texto que estos cultivos «solo son admisibles en proyectos de iniciativa pública preferentemente municipal», y avanza que los ayuntamientos podrán promoverlos «sobre parcelas de su propiedad y sobre las privadas arrendadas con este objeto». La idea es que cada localidad ofrezca a los vecinos áreas destinadas al cultivo.

Antonio y José Luis tienen un pedazo de tierra junto a la carretera. No quieren dar cifras, pero sí sensaciones. Llevan aquí 15 años y, dicen, no hacen daño a nadie. ¿Si irían a un huerto público? «Hombre, no es lo mismo, pero si nos sacan de aquí...». Alerta el gerente de que los hortelanos aficionados no siguen ningún control sanitario, que usan productos para los que es necesaria una suerte de receta y un técnico agrícola, y que a menudo usan el agua de manera irregular. Un problema añadido es el coste de eliminar todas estas tierras anómalas. El consorcio calculó que solo quitar los huertos de Sant Feliu tiene un coste de dos millones de euros.

«Si pudiéramos controlar todo el territorio sería mejor», desliza Roda. Para lograrlo, además del favor de los políticos, sería necesario «muscular» la institución, que en los últimos años ha perdido el 60% del presupuesto (ahora está en 800.000 euros anuales). «Nos hemos convertido en referente teórico en el mundo, pero falta ser un gestor real».