La huelga de funcionarios de justicia paraliza 4.500 demandas en BCN

La huelga indefinida de funcionarios de justicia catalanes por el recorte salarial, que se concentra principalmente en la Oficina de Presentación de Escritos, está empezando a afectar a los ciudadanos. El Col.legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona ha dado hoy viernes la voz de alarma, al advertir que hay 4.500 demandas pendientes de ser repartidas entre los juzgados en la capital catalana y más de 15.000 escritos que no pueden ser presentados, lo que está provocando “graves disfunciones”. Los funcionarios solo recogen docuemntos urgentes.

La protesta de los funcionarios comenzó el pasado 4 de septiembre y desde entonces se producen colas de procuradores que pretenden presentar escritos, cosa que hasta ahora no ocurría. Los servicios mínimos no pueden asumir toda la labor de registro. Precisamente, el próximo lunes, se celebrará un acto de conciliación entre la Generalitat y los sindicatos convocantes de la protesta, UGT, CCOO, CSIF y STAJ ante la petición de la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de que se incrementen los servicios mínimos.

El decano de los procuradores barceloneses, Ignacio López Chocarro, ha trasladado a la Conselleria de Justícia y al TSJC su preocupación por el retraso que la protesta está generando en la tramitación de los procedimientos. En este sentido, ha asegurado hoy que, respetando el derecho de huelga de los funcionarios y entendiendo en buena parte sus reivindicaciones, “el derecho de huelga no ha de impedir el normal acceso de los ciudadanos a la justicia”.

En esta huelga indefinida los sindicatos han diseñado una estrategia muy concreta. Conscientes de la dificultad de prolongar la protesta entre todo el colectivo de funcionarios, sobre todo por el coste económico para los empleados, las organizaciones convocantes decidieron centrar sus esfuerzos en el flanco clave: el decanato de Barcelona, cuello de botella por el que pasan todas las demandas y escritos que luego se reparten entre los distintos juzgados. Del decanato depende la citada Oficina de Presentación de Escritos. Y para poder mantener esta protesta, los trabajadores que la secundan cuentan con una garantía: los sindicatos han organizado una caja de resistencia que acumula 80.000 euros y que están destinados a cubrir necesidades.

El impedimento que se está produciendo ahora para repartir las demandas entre los juzgados, sobre todo en el ámbito civil, es un granito más de arena que repercute en el histórico retraso que padece la justicia desde hace años.