La hora de las farmacias

El estrangulamiento de recursos para la sanidad está contribuyendo a poner lo que los implicados perciben como más urgente, cada uno como es lógico barriendo para su casa, por delante de lo que podría ser lo más necesario para poner orden en la sanidad pública. El más que insólito cierre patronal de una parte importante de las farmacias catalanas no deja de ser un episodio más en este camino cuando, a pesar de no ser los más afectados, se prevén dificultades de tesorería en la Generalitat que no se desvanecerán con facilidad. De hecho, casi ningún proveedor público, más allá de los empleados, cobran facturas con tanta celeridad como las farmacias catalanas. Basta recordar que la mayoría de los laboratorios tienen pendiente percibir los medicamentos que han suministrado a los hospitales públicos desde enero. Ahora bien, si el escenario es complicado, hay que hacerlo previsible y así facilitar que las farmacias hagan cambios y se adapten, como estamos haciendo todos, a un escenario que no tiene nada que ver con el de hace cinco años.

El embudo financiero de la sanidad pública tiene una doble vertiente. Una que tiene que ver con la propia sanidad: el envejecimiento progresivo y la presión para no renunciar a la innovación, ya sea en medicamentos, en tecnología o en técnicas quirúrgicas, hace que sea difícil reducir gasto sin hacer daño. La otra es más política: el reparto por parte del Estado de la capacidad de hacer déficit, claramente desfavorable al peso que tienen las comunidades dentro del gasto público total, obliga a una compresión de la sanidad que no se corresponde con ser el servicio que más justifica los impuestos que pagamos. El caso es que la capacidad financiera de los recursos destinados a la sanidad pública catalana en el 2012 supone, si se cumple el presupuesto, un retroceso que nos devuelve al nivel de hace 8 o 10 años si tenemos en cuenta la inflación, el envejecimiento y la capacidad de adoptar innovaciones de valor para la salud. En cambio, dada la capacidad fiscal de los catalanes, podríamos gastar una tercera parte más -400 euros per cápita- de lo que gastamos ahora.

El modelo de negocio de las farmacias debe evolucionar y cambiar no solo para sobrevivir a las incertidumbres en el cobro de la factura pública, sino porque la situación del mercado farmacéutico hoy es bastante diferente a la de hace diez años: cada vez hay menos principios activos nuevos y de elevado precio en las farmacias; la mayor parte de medicamentos nuevos y más caros ya no se dispensan desde la farmacia sino desde el hospital; la competencia de los genéricos ha reducido mucho el precio; la gratuidad generalizada de la mayor parte del consumo ha desaparecido para no volver nunca más y el número de recetas cae en picado por primera vez; el sector público debe garantizar el acceso del paciente a las farmacias, pero quizá eso quiere decir que no todas las farmacias podrán ser viables -sobre todo en comunidades que han favorecido el exceso de oficinas-; habrá un mayor papel de la competencia en las ventas sin receta y en la parafarmacia; se tendrá que ver si tiene sentido pasar de pagar un margen como tendero a pagarlo por prestar un servicio de salud, etcétera.