En las últimas semanas se han vertido toda una serie de argumentos sobre los servicios públicos que no tienen fundamento. Para rebatirlos basta demostrar que todos los servicios públicos se pagan porque se basan en el uso. Pagamos el consumo de agua, la energía, las telecomunicaciones y las autopistas. Algunos sostienen que las autopistas de Catalunya ya están amortizadas y que no deberían pagarse los peajes. El uso de un activo debe pagarse con independencia de la naturaleza de la empresa que lo gestione, sea pública o privada. En cualquier caso, el activo y su titular son públicos, porque el sector privado patrimonializa al sector público a coste cero y lo hace pagando el impuesto de sociedades y generando los beneficios que no figuran contablemente, creando puestos de trabajo directos e indirectos.

Protesta en el peaje de la C-32 en Vilassar, el 20 de mayo. ARCHIVO / ACN

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Información publicada en la página 4 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 02 de junio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

En 1986 España ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE). El Estado empezó a recibir fondos europeos que se destinaron a las regiones «objetivo 1». Catalunya no lo era. Se aplicaron al trazado de una red de vías de gran capacidad. Por ello fueron declaradas libres de pago, lo que dio pie al criterio circunstancial de que una vía de alta capacidad debía ser de uso sin pago. Y se acuñó el principio de que no podía existir una vía de alta capacidad de pago sin que tuviera al lado otra de uso idéntico, pero sin pago. Ahí nació una de las incoherencias que han llegado hasta nuestros días.

Declaraciones equívocas de representantes del Ministerio de Fomento dieron a entender que las que se construyeron para descongestionar el entorno de Madrid -que fueron un fracaso- debían ser salvadas alargando las concesiones de las autopistas de Catalunya. La noticia fue desmentida por el presidente de Abertis en la junta general del 27 de marzo. En mayo fueron los propios accionistas de la autopista Madrid- Toledo los que presentaron el concurso de acreedores, lo que quizá pueda repetirse en otras concesionarias.

Afrontar el riesgo

Los hechos demostraron que las concesionarias de autopistas tienen que hacer frente al riesgo y la ventura. Años antes, lo que constituye hoy el núcleo inicial de las autopistas de Abertis tuvo que pasar al Fondo de Garantía de Depósitos.

La inversión en obra civil más importante de Catalunya en los últimos tres años ha sido de 500 millones de euros (ampliación de la AP-7, de La Jonquera a Salou). El pago por uso ha quedado establecido en toda Europa. Es la directiva Euroviñeta, que aplican Alemania, Holanda, Francia y otros países. Son mecanismos que regulan el pago por uso de las redes viarias y tiene por objetivo que quien contamina paga y el que consume las infraestructuras y provoca impactos medioambientales ha de cargar con ellos. También tiene en cuenta los criterios de equidad y redistribución.

Para concluir, y como demostró un profesor de la Universidad de Colonia (Alemania): ni los países más ricos pueden cubrir con fondos públicos el mantenimiento de las vías de alta capacidad.