Guerra entre cuerpos

Tiene todos los ingredientes de una novela negra: policías, guerras entre ellos, confidentes, traficantes de droga y un juez convencido de que le han ocultado datos en una investigación. Sin embargo, los cientos de folios que componen la causa no están escritos en prosa, sino en puro lenguaje policial y  judicial. Es un proceso que se inició en el 2009 con la detención en Barcelona de un supuesto narco y que derivó, primero, en imputaciones de guardias civiles (finalmente absueltos) y, después, de mossos, un mando incluido.

Esta semana se ha escrito un nuevo capítulo. El director adjunto de la Policía Nacional ha remitido al juez Joaquín Aguirre, que investiga el caso, bautizado Macedonia, un informe que concluye que los Mossos cometieron irregularidades en la persecución de presuntos narcos, al no investigar indicios evidentes y al omitir datos clave que presuntamente incriminaban al confidente policial Manuel G. C., imputado por blanqueo de capitales y al que se le relaciona con traficantes de droga.

El origen del proceso es la detención en mayo del 2009 de Juan Miguel B. H. cuando manipulaba una maleta depositada en el maletero de un coche y que contenía 29 paquetes de una sustancia que, según los agentes, podía ser cocaína. Sin embargo, cuando la mercancía llegó al Instituto Nacional de Toxicología,  había yeso, azúcar y solo 984 gramos de droga. A partir de ahí, se inició la investigación judicial. Se sospechaba que había desaparecido la cocaína y que existía, según la fiscalía, una mafia policial. El juez encargó entonces a los Mossos que se pusieran manos a la obra y se encargaran de las pesquisas.

Pero, de repente apareció en la trama el confidente policial Manuel G. C, que ha colaborado en importantes servicios, como la desarticulación de la red de corrupción policial y de prostitución en los clubs Riviera y Saratoga y la investigación llevada a cabo por un juzgado de Martorell sobre el robo de un alijo de droga en el puerto de Barcelona. El juez Aguirre lo mantiene imputado por blanqueo de capitales. Este colaborador policial es el que, según la Policía Nacional, está protegido por los Mossos.

Falta de investigación

El informe, que no está firmado y fue requerido por Aguirre, señala, precisamente, que la unidad adscrita a los Mossos a la que se encargó al inicio la investigación y que está dirigida por el subinspector Antonio S., que está imputado por la presunta ocultación de datos al juez, no desarrolló las «vías de investigación conducentes» a corroborar que ese confidente tenía relación con traficantes de droga, «aunque el mismo apareciera reiteradamente implicado en hechos que estaban siendo investigados».

La Policía Nacional determina que ese grupo de los Mossos (el juez lo retiró de la investigación) no informó «a la autoridad judicial de que varios miembros de dicha unidad y otros del mismo cuerpo mantuvieron frecuentes contactos con Manuel G. C.». Este no solo ha sido confidente de los Mossos, sino también de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de la Fiscalía.

Asuntos Internos de los Mossos detectó en su momento «en menos de dos meses» que habían «elementos suficientes» para considerar que el entorno de Manuel G. C. «constituye un grupo delicuencial dedicado, entre otras actividades, al tráfico de sustancias estupefacientes y que, con este grupo, colaboran, de diversas maneras, varios miembros de los Mossos». Y la Policía Nacional detalla en  su último informe hasta el número de llamadas entre mandos de los Mossos y el confidente.

La Guardia Civil no se salva. La Policía la acusa de irregularidades en la detención de un presunto narco, de que un empresario investigado pudo pagar la defensa de los guardias imputados y de que acudió al entonces senador de CiU Jordi Casas para que mediara. El final de la novela está por escribir.