El Govern quiere que el juez intervenga Sant Pau

La Conselleria de Justícia de la Generalitat planteará la intervención judicial del Hospital de Sant Pau, de Barcelona. La Generalitat ha tomado esta decisión ante la desesperada situación económica que atraviesa el centro sanitario, ingobernable y al borde del colapso con un déficit de 50 millones de euros.

Desde hace más de dos años, el hospital está inmerso en un conflicto laboral de grandes dimensiones, que en buena parte está en manos de los tribunales. Entre los últimos conflictos se encuentra una demanda ante la inspección de Trabajo de 11 millones de euros por la cotización de las horas de guardia. Otro juzgado asimismo, está investigando una presunta malversación de fondos de los antiguos gestores.

El objetivo de la intervención judicial es que un juez pueda nombrar, si lo cree oportuno, a uno o más administradores que fiscalicen la gestión y la contabilidad de la entidad. El presidente del patronato de la fundación gestora del hospital, Xavier Pomés, se reunió el jueves con representantes de Justícia para presentar los acuerdos en los que se solicita la tutela del hospital.

La dirección del Sant Pau solicitó a principios de esta semana al Protectorat de Fundacions de la Conselleria de Justícia (el organismo del que dependen todas las fundaciones, como la que gestiona el centro barcelonés) que interviniera el hospital para «garantizar la viabilidad» del mismo. Esta situación supondría entregar la autonomía de gestión. Es decir, cada decisión que se tomase en el hospital debería ser avalada y controlada por el protectorado, así como por la dirección general de Dret i Entitats Jurídiques. Esa petición ya iba más allá de la vigilancia económica que decidió hacer la Conselleria de Salut hace un año ante el déficit del hospital y el incumplimiento del presupuesto, y que provocó el cese del entonces gerente, Jordi Varela. El hospital se encuentra en situación de inviabilidad económica y resulta imposible de gobernar, según admite la dirección.

UN PASO MÁS / Pero la Generalitat pretende dar un paso más y que la intervención quede en manos del juez. De esta manera, será un magistrado quien controle, a través de los administradores nombrados por él, la gestión del centro. En otras ocasiones, como pasó con la oenegé Intervida, los administradores fueron propuestos por la Conselleria de Justícia y ratificados por el juez.

Elconsellerde Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, mostró ayer su esperanza en que la tutela judicial de Sant Pau sirva para desbloquear el centro, incapacitado para adoptar acuerdos ni decisiones de ningún tipo. En su opinión, se trata de acabar con las batallas con el personal y los problemas que hace años arrastra el centro.