El Govern no puede garantizar «al 100%» el pago de septiembre a las entidades sociales concertadas aunque las considera «una prioridad», explicó ayer la directora general del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), Carmela Fortuny, tras una reunión con la Taula del Tercer Sector, en la que se agrupan casi 4.000 entidades que atienden a ancianos, discapacitados, drogodependientes y personas sin recursos. «Como en el mes de agosto se ha podido pagar creemos que la normalidad reinará en septiembre», tranquilizó Fortuny.

Una voluntaria de Arrels, fundación que trabaja con personas sin hogar. ELISENDA PONS

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Información publicada en la página 30 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 08 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

En cuanto a los 70 millones de euros que aún adeuda la Conselleria de Benestar Social i Família por el impago del mes de julio a las entidades, están supeditados al dinero solicitado al fondo de liquidez del Ejecutivo de Mariano Rajoy. «Cuando llegue podremos liberar presupuestos y pagar a las entidades», aseguró Fortuny, si bien no existe un calendario fijado.

A pesar de que las noticias no fueron del todo buenas, tras la reunión tanto la Conselleria de Benestar Social i Família como la Taula del Tercer Sector se mostraron satisfechas porque durante los meses de verano se han podido mantener todos los servicios asistenciales.

«Se han buscado soluciones para las entidades que atraviesan mayores apuros y se han evitado problemas», declaró Toni Codina, director general de la Taula del Tercer Sector. «La conselleria ha asegurado que lo pondrá todo de su parte para pagar», añadió.

Codina explicó que durante el encuentro se pidió al departamento que les mantenga informados sobre lo que sucede con el pago de septiembre y que les avise con tiempo de la existencia de riesgo de impago para poder prever los problemas y ponerles solución a tiempo. El aviso de impago de julio se realizó a finales del mismo mes, por lo que las entidades sociales no tuvieron margen para organizarse para sobrellevarlo, recordó Codina.

Asimismo, las entidades sociales pidieron que los pagos sean considerados prioritarios.

DENUNCIA ANTE LA FISCALÍA / El primer impago de la Generalitat al tercer sector fue en septiembre del 2011 y aunque en un primer momento avisó de que las entidades sociales no cobrarían durante dos meses, se solucionó al cabo de dos semanas.

En julio de este año, tras el anuncio de la imposibilidad de traspasar el dinero, las entidades avisaron de que no podrían aguantar otro impago. La Asociació Catalana de Directors de Centres i Serveis d'Atenció (Ascad) denunció el impago a la Fiscalía de Barcelona por considerar que la desatención a las personas dependientes va en contra de la Constitución.

Según las entidades, el impago de julio las dejó en una situación de impotencia e indefensión, y advirtieron de que tendría consecuencias inevitables sobre la atención de muchos ciudadanos. Problemas que hasta el momento las entidades han podido capear. No obstante, no cobrar en septiembre las dejaría en posición muy frágil.