Sábado, domingo, lunes (la jornada de la huelga), martes, miércoles, jueves... Seis días después de que los maquinistas de Rodalies y Regionales hayan decidido incumplir los horarios de trabajo como medida de presión en la negociación que mantienen con su empresa por el proceso de privatización que ha anunciado, la Generalitat decidió ayer abrir un expediente informativo a Renfe. Un total de 237 trenes afectados, 44 de ellos directamente suprimidos, y la sensación instalada entre los usuarios de que estos días saben cuando llegan a la estación pero no cuando van a alcanzar su destino.

Varios pasajeros esperan en uno de los andenes de la estación de Sants el día de la huelga, el pasado lunes. RICARD CUGAT

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Información publicada en la página 34 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 21 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La huelga fue el lunes. Ese día, admitió ayer el director general de Transports, Ricard Font, se pudo organizar el servicio y el paro se pasó sin demasiados problemas. Los clientes del ferrocarril eran conscientes de que había unos servicios mínimos y que tendrían menos oferta de la habitual en función de la hora en la que usaran el transporte público. Pero el fin de semana el personal de conducción ya había comenzado a avisar con sus demoras de que iban a ser duros de roer. Por eso, tanto el martes como el miércoles y ayer se repitieron esos retrasos de entre 15 y 30 minutos en toda la red. En todas las líneas. Y en las que tienen menos frecuencia, como por ejemplo la R-3 (Barcelona-Vic-Puigcerdà), la afectación fue superior.

UN MES DE INVESTIGACIÓN / Font explicó que ahora recabarán los datos que les facilite Renfe y que en el plazo aproximado de un mes sabrán si el expediente se convierte en sancionador. Si es así, cada tren afectado podría costarle a Renfe hasta 6.000 euros. «Es inadmisible esta huelga encubierta de los trabajadores», se quejó el responsable de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

Poco después de que la Generalitat informara del expediente, la operadora envió una nota conciliadora con su cliente, la Generalitat, en la que explicaba a modo de justificación que había optado por implantar nuevos turnos de trabajo «para garantizar la prestación del servicio». Pero a continuación avisaba de que, «por motivos legales», el cambio no se podía aplicar de forma inmediata, ya que precisa de 96 horas de antelación para comunicárselo a los empleados. O sea, que es más que probable que los retrasos prosigan hoy y también el fin de semana.

Todos estos problemas se dan cuando sigue sin firmarse el nuevo contrato de servicios entre el Govern y Renfe, con quien las relaciones siguen tensas desde junio. La compañía pide que se cierre el acuerdo mientras que la Generalitat se niega a hacerlo hasta que no se garanticen las inversiones en la red, descritas en el plan de Rodalies y cifradas en 4.000 millones de euros.