El Govern estudia impugnar la compensación millonaria al Castor

Tanto la Generalitat como el Síndic de Greuges estudiarán si es posible impugnar el acuerdo del Gobierno de Mariano Rajoy para indemnizar a la compañía promotora del almacén subterráneo de gas Castor y evitar que sean los ciudadanos quienes asuman el pago, según anunciaron ayer, en sendas comparecencias, el conseller de Empresa i Ocupació, Felip Puig, y el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó, tras las primeras reacciones de indignación de consumidores y partidos políticos.

La reacción llega después de que, el pasado viernes, el Consejo de Ministros acordara indemnizar a la promotora del almacén, la empresa Escal UGS (participada en un 67% por la constructora ACS, propiedad de Florentino Pérez, y una firma canadiense) con 1.350,7 millones de euros más los intereses. El procedimiento habilitado prevé que la empresa estatal Enagás traslade el pago de la parte proporcional durante 30 años al apartado de «transporte y peaje» de la factura de los consumidores de gas de toda España.

En este sentido, el conseller Felip Puig dijo que la Generalitat estudiará las posibilidades que tiene el acuerdo de ser impugnado porque el Govern no está de acuerdo con que «las cosas mal hechas que se hacen desde el Estado las acaben pagando los consumidores y los industriales de Catalunya, en definitiva, los ciudadanos».

Puig hizo un símil político y comparó «el desmoronamiento de las infraestructuras del Estado» con los fiascos de las obras del AVE en Girona y el Castor, además de la reforma eléctrica, que, dijo, «nos ha traído la energía más cara de Europa».

Casas afectadas

Por su parte, el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, anunció también su intención de recurrir el acuerdo del Gobierno, si es posible con el apoyo del resto de defensores del pueblo autonómicos y el estatal, aunque dejó clara la postura poco implicada con los afectados por el Castor de la titular del organismo español, Soledad Becerril.

Ribó aseguró que la institución que dirige había recibido más de 500 quejas de ciudadanos de la zona del delta del Ebro por los temblores sísmicos provocados por el almacén de gas, y cifró en «un centenar» las casas que han resultado dañadas por los terremotos, el mayor de los cuales alcanzó una intensidad de 4,2 grados en la escala de Richter. «Los daños están en la zona de Alcanar pero las subvenciones para paliarlos las dio la concesionaria, antes de que hubiera problemas al pueblo de Vinarós, en Castellón», explicó antes de exigir que se compense a los afectados, cuyos daños en viviendas y negocios no han sido cuantificados.

Ribó consideró que hay base jurídica para la impugnación del acuerdo e incluso de la concesión que dio el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, puesto que en esta no se contempló ningún estudio previo de daños medioambientales y «no se escuchó al Observatori de l'Ebre (vinculado al CSIC), que había alertado de posibles daños geológicos». También sostiene que el Tribunal Supremo, en su sentencia que avalaba la concesión del proyecto a Escal-UGS, abría la puerta a indemnizar «según las causas de la caducidad, un aspecto desestimado por el Gobierno» al fijar el pago, dijo.

Además, se preguntó quién asumiría el coste del desmantelamiento de la plataforma marina, de la central en tierra y del gasoducto si se desactiva la «hibernación» actual.