El Govern debatió la vía del copago para atenuar el recorte sanitario

Conscientes de que imponer a la Conselleria de Salut un recorte del gasto de 950 millones de euros para este año era un objetivo monumental, difícil de asumir sin dañar seriamente el sistema sanitario, los miembros del Gobierno catalán estudiaron en enero otras fórmulas para atenuar la traumática medida. El cobro de un copago proporcional a la renta personal en las actividades sanitarias básicas de uso masivo fue una de las opciones debatidas, según confirman fuentes gubernamentales. El equipo de Artur Mas estaba dispuesto incluso a afrontar

-por medio de una exhaustiva explicación pública- el hecho de que el programa electoral de CiU descarta el copago sanitario. La idea fue desestimada finalmente por las dificultades legales que implicaría su aplicación. Lo mismo sucedió con la tentativa de gravar algunos impuestos estatales con finalidad sanitaria.

El estudio de esas opciones fue intenso, tanto como las dificultades con las que se chocó para hacerlas viables, explican. Dos leyes estatales -la de sanidad y la que regula el catálogo de prestaciones sanitarias, cuya modificación exigiría consenso autonómico- aluden a la obligatoriedad de que la atención de la salud sea gratuita, incluida la alimentación de los hospitalizados. El Estatut recoge en su artículo 23 esa misma protección pública, y su rectificación no hubiera sido menos difícil ni más inmediata que la de las dos leyes citadas. Tampoco quedó la opción de que la Conselleria d'Economia accediera a suavizar la magnitud del recorte. Esto era, y de momento sigue siendo, un imposible.

EN UNA ENCRUCIJADA / Esta rigidez se tradujo hace un mes en el mandato que recibieron los 64 hospitales públicos de Catalunya para que elaboraran unos planes de actividad que se ajustaran a los 30, 40 o 60 millones menos que tendrán este año. Los planes se hicieron y, como era de prever, la mayoría invaden y recortan de forma importante la actividad de numerosos servicios. Aun así, ninguno alcanza a cumplir más allá del 5% del ahorro ordenado. Salut se dispone a corregir los planes que lesionan la asistencia que reciben los ciudadanos, a riesgo de limitar el alcance del ahorro pretendido. Esta rectificación sitúa al departamento que dirige Boi Ruiz en una encrucijada de difícil resolución. Ahora mismo, nadie sabe cómo se conseguirán recortar los 950 millones.

Aplicar una tasa o copago en servicios tan habituales como una cita con el médico de familia en el centro de asistencia primaria (CAP), la visita al servicio de urgencias de un hospital o las recetas de fármacos de pago público tampoco proporcionaría unos réditos destacables hasta pasados uno o dos años, consideran los técnicos de Salut. Su principal función, no obstante, debería ser disuadir de ir al médico, en especial a las urgencias, a quienes no sufrieran realmente una dolencia súbita y preocupante. «Nadie debería acudir a urgencias por un quiste de grasa en la mano, pero se hace», ponen como ejemplo.

ElconsellerBoi Ruiz indicó al incorporarse al cargo que el cobro de un copago sanitario favorecería el buen uso de los servicios pero podría perjudicar, en estos momentos, a las familias con menos recursos, que dejarían de ir al médico necesitándolo. Y puntualizó que la medida estaba descartada en esta legislatura. Aunque los hechos se han precipitado, elconsellersigue sosteniendo que no habrá cobro de tasas sanitarias a corto plazo. La Administración catalana, no obstante, dispone de estudios técnicos sobre cómo se podrían implantar los citados copagos sin causar un caos en su aplicación administrativa.

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