EFECTOS DE LOS AJUSTES

El Govern aplaza el pago de los retrasos de ayudas a la dependencia por los problemas de tesorería

Las medidas de ajuste del Estado en la ley de autonomía personal supondrán un ahorro de solo el 0,6% del total

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Los problemas de tesorería de la Generalitat han obligado al Departament de Benestar i Família a no abonar este mes de enero la parte proporcional de los retrasos que tenían que cobrar algunos beneficiarios de laayuda de dependencia, según han explicado fuentes de la Generalitat. Los beneficiarios de laayuda por dependencia parapago de un cuidador no professionalhan cobrado la nómina de enero de la ayuda pero no la parte que el departamento ingresa cada mes para comensar el retardo acumulado desde que se le reconoció la prestación. El objetivo del Govern es ponerse al día de pago a partir de febrero.

Por otra parte, la moratoria aprobada por el Gobierno central para retrasar un año el calendario de aplicación de la ley para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia afectará a unos 30.000 dependientes moderados, según las estimaciones de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que subraya que con esta medida el Estado solo ahorrará un 0,6% del coste total del sistema.

Cuantificación del ahorro

En términos económicos, esta entidad estima que elahorro para las arcas del Estado para el ejercicio 2012, en el nivel mínimo garantizado de financiación a las comunidades autónomas, alcanza los 10 millones de euros, una cantidad "muy escasa", según Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Con el actual sistema de financiación, las comunidades autónomas dejarían de gastar 40 millones de euros en la atención a nuevos dependientes moderados, de manera que el Estado dejaría de incrementar el gasto para este grado de dependencia en 40 millones de euros, menos del 0,6% del total de coste neto de atenciones del sistema actual.

El coste

En concreto, el coste mensual neto de atención a un dependiente moderado se sitúa en torno a los 240 euros, de los que las administraciones soportarían 30 euros, la AGE 60 euros y las comunidades autónomas 120 euros (sin contar las aportaciones a la Seguridad Social por los cuidadores no profesionales). Si bien la motivación del Gobierno con esta medida es la de reducir el déficit de las administraciones públicas, desde la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales señalan que el mayor impacto de la misma será de índole organizativa y de gestión para las comunidades autónomas.