La primavera ha estallado en Valencia. Estudiantes, profesores, padres de alumnos, ciudadanos descontentos y visiblemente indignados salieron masivamente ayer a la calle en la capital levantina para protestar contra la brutal carga policial que el lunes se saldó con 26 detenidos, cuatro de ellos menores de edad. En el quinto día de movilizaciones en la ciudad, las iniciales críticas a los recortes presupuestarios de la Conselleria d'Educació pasaron casi a un segundo plano. La marcha, pacífica y sin apenas presencia policial, toda una marea humana, fue una condena clara a la desproporcionada mano dura que hasta ayer había empleado el Gobierno para contener unas simples movilizaciones estudiantiles. En los cuatro días anteriores, la policía llegó a detener a 42 personas, la mitad adolescentes. Los últimos 12 quedaron ayer en libertad, tras prestar declaración ante el juez.

A derecha e izquierda, manifestantes en las protestas de ayer en Valencia. En el centro, agentes de policía custodian la sede de la Delegación del Gobierno. MIGUEL LORENZO

A derecha e izquierda, manifestantes en las protestas de ayer en Valencia. En el centro, agentes de policía custodian la sede de la Delegación del Gobierno. MIGUEL LORENZO

A derecha e izquierda, manifestantes en las protestas de ayer en Valencia. En el centro, agentes de policía custodian la sede de la Delegación del Gobierno. MIGUEL LORENZO

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Información publicada en la página 2 de la sección de Tema del día de la edición impresa del día 22 de febrero de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

MIEDO EN EL CENTRO / «Hay compañeros de mi clase, de solo 17 años, que en estos días han pasado hasta dos veces por comisaría. Y solo por salir a protestar. La sensación en el centro es de miedo», denunciaba una alumna de segundo curso de bachillerato del instituto Lluís Vives, situado en el corazón de la capital valenciana y que se ha erigido en base de las movilizaciones. Alberto, uno de los arrestados, explicaba, a modo de ejemplo, que en su caso uno de los cargos que le han sido imputados es el de hurto, «por haberle quitado la gorra a un policía».

Las imágenes de la dura intervención policial del lunes -difundidas con profusión por las redes sociales-y las desafortunadas declaraciones del jefe superior de la Policía en Valencia, Antonio Moreno, calificando a los estudiantes nada menos que de «el enemigo», tuvieron ayer dos efectos inmediatos. El primero, un cambio de estrategia del Gobierno, con la ausencia evidente de fuerzas de seguridad en la manifestación ciudadana. Después de que las convocatorias sindicales contra la reforma laboral llenasen las calles el pasado domingo, las multitudinarias protestas de los estudiantes y las imágenes de la represión policial que han dado la vuelta al mundo han caído como un jarro de agua fría en la Moncloa. El Gobierno está volcado en demostrar que España es un país estable, por lo que no le conviene que prenda la llama de las protestas y se extienda la imagen de que España es un polvorín como Grecia.

Por eso el presidente, Mariano Rajoy, hizo ayer un llamamiento desde Londres, tras reunirse con el primer ministro británico, David Cameron, a que cunda «la mesura y el sentido común» para no dañar la credibilidad de España en el exterior. «Todos debemos hacer un esfuerzo y tirar del carro porque es la hora de la tranquilidad y la serenidad», advirtió. «Si todos actúan con mesura», añadió, en una referencia que también incluía a la actuación policial, «esta situación no va a repetirse».

El segundo efecto inmediato fue una oportunidad política para la oposición, que protagonizó un bronco debate en el Congreso de los Diputados aprovechando una sesión sobre la reforma del bachillerato.

SOLO ANTE LA BRONCA / Y mientras los efectivos policiales permanecían discretos, hasta más allá del anochecer, el comisario Moreno se quedaba prácticamente solo ante el clamor de la calle que pide su relevo y el de la delegada del Gobierno en la Comundad Valenciana, Paula Sánchez de León. La representante del Ejecutivo central tuvo el gesto, tras la manifestación, de reunirse con una delegación de estudiantes. Con todo, los ánimos siguen calientes y para hoy está convocada una manifestación de una plataforma formada por políticos y sindicatos.

El primero en reaccionar ayer fue ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien estos incidentes suponen una primera prueba de fuego al frente de la cartera. El ministro admitió en una entrevista en Catalunya Ràdio que en la carga contra los estudiantes pudo haber «algún exceso y alguna actuación desafortunada por parte de algún policía», clara declaración que a última hora del día intentó rebajar. El titular de Interior culpó de la tensa situación que se vivió a las puertas del Lluís Vives a los «infiltrados radicales y violentos», pero accedió a ir al Congreso para dar explicaciones, tal como le ha exigido la oposición. Fernández Díaz admitió que las manifestaciones del jefe policial de Valencia fueron «poco afortunadas».

«GRAVE ERROR» / Las palabras del ministro en seguida tuvieron respuesta del Sindicato Unificado de Policía (SUP). Para esta organización, esas declaraciones «son un acto de cobardía política y personal, ya que si [la actuación] ha sido excesiva debe empezar por cesar a la máxima responsable política, la delegada del Gobierno». El SUP calificó de rotundo «fracaso» la intervención policial del lunes. «Quien dio la orden de cargar cometió un grave error. El principio de autoridad debe interpretarse con la suficiente flexibilidad como para no crear un problema mayor que el que se pretende resolver», añade la organización.