El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un real decreto que establece que a partir de ahora será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua". Con esta decisión de recentralización de una competencia específica, la que atañe a la gestión de las cuencas de los ríos, el Ejecutivo deja claro el camino involucionista que piensa seguir en su plan de reordenación competencial.

Según ha informado en rueda de prensa la vicepresidenta y portavoz gubernamental, Soraya Sáenz de Santamaría, la medida persigue "evitar duplicidades y solapamientos" y, fundamentalmente, respetar las bases de "unidad de mercado" y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El decreto incluye además otros apartados que afectan a la definición y régimen de zonas protegidas; la gestión de residuos y de recursos destinados al riego. En todas ellas el Estado toma las riendas frente a las autonomías o municipios.

"Este decreto es uno de los ejemplos más claros de por dónde va a trabajar el Estado para evitar duplicidades, estableciendo con claridad cuál es la administración competente en cada caso frente al usuario, simplificando la gestión y haciendo el servicio más barato", ha enfatizado Santamaría.

Buscar el acuerdo

Se le preguntó entonces si eso significa que en el proyecto de racionalización de competencias que el Gobierno quiere llevar a cabo significará que, como en este decreto, será el Estado el que se arrogue la competencia siempre que ésta esté duplicada con otra Administración. "Dependerá de cada tipo de competencia y de quién la pueda llevar a cabo con mayor eficacia [...]. Lo importante es no multiplicar los costes, viendo quién puede ejercer mejor la competencia", se ha limitado a responder.

En todo caso, la vicepresidenta ha insistido en que se va a tratar de buscar el acuerdo con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, tanto en el seno del consejo de política fiscal y financiera (CPFF) -que se reunirá el próximo 16 de mayo- como en la comisión nacional de administración local (CNAL), al tiempo que agradeció a partidos como el PSOE o UPD que se hayan mostrado dispuestos a participar en una negociación sobre este mismo asunto en el ámbito de los partidos políticos.

Euskadi y Andalucía

Pero no parece fácil que el Gobierno de Rajoy pueda llegar a pactos con comunidades como Euskadi o Andalucía, donde tienen el poder los socialistas y que ya han anunciado que, de entrada, no piensan aplicar las medidas de recorte que para las áreas de Sanidad y Educación han puesto los conservadores sobre la mesa. Es más, el equipo de Patxi López ha anunciado recurso de inconstitucionalidad.

Ante esto, Sáenz de Santamaría ha respondido que las autonomías tienen potestad para decidir qué medidas aplican y cuáles no para recortar el déficit, aunque todas estarán obligadas por igual a alcanzar la cifra máxima del 1,5% en el presente año.

“Esas comunidades tendrán que valorar si pueden llegar o no a los objetivos de déficit previstos sin aplicar determinadas medidas, y tendrán que aclarar a los ciudadanos que piensan hacer y por qué no harán uso de mecanismos que no tendrían grandes costes”, ha concluido la vicepresidenta.