El Gobierno central rebajará en un 15% la prestación económica que cobran los cuidadores familiares para atender a dependientes en su domicilio. Días atrás, ya se conoció la intención del Ejecutivo de Mariano Rajoy de tutelar a los cuidadores familiares mediante inspecciones que determinen que viven en casa del dependiente y que tienen un horario profesional compatible con su atención. Los cuidadores familiares que cobran más perciben 520 euros mensuales.

El dato de que se quiere reducir en un 15% lo que cobran los cuidadores familiares lo ha facilitado esta tarde la consejera canaria de Bienestar Social, Inés Rojas, en Madrid, donde se ha celebrado el consejo interterriorial de la dependencia, presidido por la ministra de Sanidad, Ana Mato. El Gobierno subraya que cuando se creó la ley se partía del planteamiento de que los cuidadores familiares fueran una minoría, y denuncian que en varias comunidades el coste que suponen es muy elevado. Ahora quieren primar el uso de la red pública de servicios sociales. El Gobierno prevé también tener en cuenta el patrimonio, además de la renta, para establecer quién debe pagar,

DISCAPACITADOS

Otra de las grandes líneas de la reforma es aumentar la participación del usuario mediante el copago. A la salida del consejo, el representante del Gobierno valenciano, Jorge Cabré, ha revelado que en adelante los discapacitados tendrán que pagar algo de dinero por los servicios que reciben, cuando hasta ahora estaban exentos. El Gobierno cerrará el viernes en el Consejo de Ministros la reforma de la dependencia acuciado, según su versión, por la falta de recursos económicos. La filosofía del cambio pasa por reducir al máximo el número de cuidadores familiares, que según el PP suponen un coste inasumible y pervierten el espíritu de la ley. En Catalunya, el Govern lleva años protestando por considerar que el Estado no aporta lo que debería por ley. Ahora, el conseller de Benestar acusa a Mato y al Gobierno de invadir competencias al promover cambios en detalle en una materia en la que las comunidades autónomas tienen competencia exclusiva.