El Gobierno reafirma el canon digital tras el nuevo revés judicial

Véase el videocomentario en http://epreader.elperiodico.com

El Gobierno reafirmó ayer que no piensa dar un paso atrás en el canon digital pese al segundo varapalo judicial sufrido en pocos meses. En una sentencia hecha pública ayer, la Audiencia Nacional declara que las últimas tarifas del canon digital, aprobadas en el año 2008, son «nulas de pleno derecho» por un defecto de forma, pero no obliga a devolver el dinero recaudado. La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, se apresuró a afirmar ayer mismo que la resolución judicial «no altera los planes» del Ejecutivo sobre el gravamen ni anula el derecho a la compensación por copia privada. Sinde reafirmó el canon digital y se comprometió a enmendar «los defectos formales» de la orden tarifaria.

La orden ministerial anulada se promulgó como si se tratase de un acto administrativo en lugar de un reglamento y ahora ha topado con la justicia por no incorporar todos los requisitos documentales necesarios. Faltaba un informe del Consejo de Estado, además de una memoria económica y otra justificativa, por lo que, según la sentencia, no tiene valor. A diferencia de los actos administrativos, los reglamentos incorporan novedades en el ordenamiento jurídico, por lo que los trámites para aprobarlos son más complicados.

El tribunal considera que la orden debería ser un reglamento y analiza los requisitos imprescindibles en la aprobación de este tipo de normas que no se presentaron en su tramitación. A saber, principalmente el dictamen favorable del Consejo de Estado, un organismo cuya misión principal es «garantizar la legalidad de la norma que se está elaborando». «La ausencia de dicho informe representa la omisión de un trámite esencial que debe determinar la nulidad de la correspondiente norma reglamentaria», dice la sentencia. La mera ausencia de este documento ya invalidaría la orden tarifaria.

NO VALORA EL FONDO Pero, además, los magistrados echan en falta «las preceptivas memorias justificativas y económica», cuya ausencia configura «un nuevo vicio de nulidad de la orden». Los jueces señalan que la falta de esas dos memorias viene reseñada en el informe del Ministerio de Economía y Hacienda, donde se advierte de que «debería completarse el expediente con esta documentación para facilitar una adecuada comprensión y valoración del proyecto», pero que, sin embargo, lo único que se incorporó fue una nota explicativa en el borrador.

La Audiencia Nacional no entra a valorar el fondo del asunto (es decir, si es correcto o no que se obligue a pagar un canon al comprar equipos, aparatos y soportes de reproducción digital) al considerar que quedan fuera de su competencia tanto este tema como la retroactividad de la norma que respaldaría la opción de la devolución de los importes pagados hasta el momento. Tampoco ve pertinente plantear una cuestión de inconstitucionalidad.

El canon digital ha traído cola y ha generado mucha literatura merced al enfrentamiento entre usuarios y gestores de derechos y a la incómoda postura en la que quedaba el Gobierno, entre los reproches de unos y otros. La difusión de la sentencia provocó un alud de reacciones tanto de los detractores del tributo como de los partidarios.

APLICAR TARIFAS DE 2006 La Asociación de Internautas (AI) celebró la sentencia y pidió la dimisión de Sinde porque no la acompañan «ni la legalidad ni la opinión pública». Su presidente, Víctor Domingo, calificó de «incongruente» que no se devuelvan las cantidades abonadas por los usuarios. Por su parte, la propietaria de la tienda de informática de Barcelona que ganó un recurso contra el canon predijo la apertura de «la caja de Pandora» con esta resolución.

En cuanto a las entidades de gestión de derechos, consideraron que la nulidad de las tarifas del 2008 debe suponer una vuelta automática a las del 2006, al amparo de la ley de aquel año, que prevé una compensación por copia «hasta que se apruebe la orden ministerial», si bien matizaron que «no tiene lógica» aplicar criterios del 2006 en el 2011.