Los pensionistas pagarán el 10% de los medicamentos que se les receten, con un máximo de 8 euros al mes si su renta es inferior a 18.000 euros y de 18 para el resto. Los trabajadores activos que superen ese mismo nivel de renta pagarán el 50% en lugar del 40% actual, y los que rebasen los 100.000, el 60%, con un tope de 60 euros al mes en todos los casos. Esta es la más destacada de las medidas que el Ministerio de Sanidad ha presentado este miércoles a los consejeros autonómicos en un maratoniano Consejo Interterritorial de Salud, y que se aprobarán previsiblemente en el Consejo de Ministros del viernes mediante un real decreto.

La ministra de Sanidad, Ana Mato (con chaqueta verde, en el centro), junto a los consejeros de Sanidad de las autonomías, este miércoles, en Madrid. JUAN MANUEL PRATS

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Las excepciones son, por un lado, los enfermos crónicos, que se quedarán como hasta ahora: pagarán un 10%, con un tope de 2,6 euros por receta; y por el otro los parados de larga duración y los perceptores de pensiones no contributivas y de la Renta Mínima de Inserción, que seguirán recibiendo los medicamentos gratuitamente.

En dos meses

Las medidas entrarán en vigor dentro de dos meses, una vez se hayan resuelto las cuestiones técnicas que plantean, como la necesidad de una tarjeta sanitaria única que incluya la información fiscal de cada paciente.

Con esta reforma en el sistema de pago, el Ministerio de Sanidad estima que se ahorrarán unos 1.000 millones de euros de los 7.000 millones que el Gobierno quiere recortar en el presupuesto sanitario. Para completar ese ajuste, el departamento que dirige Ana Mato plantea otras medidas, que ha concretado de forma desigual.

Contra el turismo sanitario

Una de ellas es el control del denominado turismo sanitario, tanto de los europeos que residen en España como de aquellos que utilizan este servicio en las épocas vacacionales. Con ello se espera ahorrar otros 1.000 millones. Una central de compras, tanto de medicamentos como de tecnología y de todo material usado en los hospitales y demás centros de salud, debe aportar otros 1.500 millones.

Los restantes 3.500 millones deben lograrse incrementando el uso de fármacos genéricos y bajando el precio de los medicamentos, sin que Mato entrar en mayores concreciones, más allá de que para ello se emprenderán negociaciones con la patronal farmacéutica. 

Otras medidas que estaban encima de la mesa, como la revisión de la cartera de servicios y la posibilidad de sacar de la financiación pública medicamentos considerados obsoletos y algunos fármacos baratos indicados para dolencias menores, han quedado pendientes de mayor estudio.