El Gobierno promete dinero para la dependencia antes de ir a las urnas

El próximo uno de julio tendrán derecho a acceder al Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia unas 300.000 personas más, los denominados dependientes moderados. Con ellas se completará la implantación del sistema, pero su acceso requerirá una financiación que no figura por el momento en los presupuestos del Estado, pero que el ministro de Sanidad y Servicios Sociales, Alfonso Alonso, dio ayer por garantizada. «El compromiso del Gobierno es habilitar la disposición prespuestaria que haga falta para la incorporación de estas 300.000 personas», aseguró al término del Consejo Territorial de Servicios Sociales.

La declaración de intenciones no estuvo acompañada, sin embargo, de ninguna cifra concreta, lo que abona la sospecha de que la mayor parte del peso de los nuevos compromisos económicos vuelva a recaer en las administraciones autonómicas, locales y los usuarios, como ha venido siendo hasta ahora. Al menos eso es lo que sostienen las comunidades que ayer se lo volvieron a echar en cara al ministro. La ley de la dependencia establece que el Estado debe pagar la mitad de las ayudas pero los ejecutivos regionales aseguran que aporta entre un máximo de entre 15% y un 25% según los casos.

REPROCHES / Alonso respondió a los consejeros autonómicos con el compromiso de revisar el funcionamiento del sistema, incluida la financiación. «Hay dejar atrás los reproches y buscar un diagnóstico compartido», les dijo. Las propuestas de mejora la formulará tras las elecciones autonómicas de mayo un grupo de trabajo constituido ayer.

El ministro se vanaglorió de que con los 300.000 nuevos dependedientes se alcanzará el techo de personas a proteger que se preveían en los objetivos marcados cuando se aprobó la ley. Al cierre del 2014 había 745.585 dependientes con prestación efectiva, solo 7.133 más que a finales del 2011, al inicio de la legislatura del Partido Popular.

Lo que sí ha descendido de modo acusado aunque, por supuesto, no ha desaparecido son las listas de espera. En esos mismos tres años han bajado a la mitad situándose ahora en 148.137 personas.

'CONSELLERA' SATIDFECHA / La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, se mostró satisfecha con la promesa del ministro de revisar del sistema y su financiación una vez se ha llegado casi al final de su implantación pero le pidió que tenga en cuenta ese «sobreesfuerzo» que están haciendo las autonomías, entidades locales y usuarios, que «aportan más que la Administración del Estado por la vía del copago».