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La reforma de la ley de costas que ha preparado el Gobierno amplía las concesiones de las casas construidas ilegalmente en la playa hasta 75 años y establecde un régimen especial para 11 zonas problemáticas, a las que excluye del dominio público marítimo terrestre, cuando por su situación entrarían dentro. Entre ellas figuran las catalanas Marina de Empuriabrava y Castell-Platja d'Aro (Girona). También tendrán un deslinde especial la isla de Formentera Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia)
El hotel El Algarrobico, en Carboneras (Almería), afectado por la ley de costas. ARCHIVO / REUTERS | REUTERS
El borrador de reforma diseñada por el titular de Agricultura y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha sido estudiado en el Consejo de Ministros. La reforma, que como tantas otras no figuraba en el programa electoral del PP, rebaja la protección de 100 a 20 metros en algunos núcleos urbanos y también facilitará el trámite de "desafectación" que permitirá nuevos usos en el litoral y la privatización de terrenos degradados, pero útiles para construir.
El nuevo texto evitará que miles de propiedades "construidas ilegalmente" sobre la arena pasen a ser públicas y puedan ser demolidas sin compensación, según las asociaciones ecologistas, como Greenpeace, que se oponen a esta medida por considerarla "una amnistía para desmanes urbanísticos en suelo de dominio público".
A modo de contrapartida, al tiempo que se alarga las concesiones de viviendas, hoteles, edificios y demás establecimientos sobre dominio público, el ministerio plantea imponerles un canon. Significaría una fuente de ingresos, ya que actualmente , según el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, hay "32.000 ocupaciones del dominio público marítimo-terrestre".
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