El Gobierno se ve forzado a buscar nuevas vías para retocar el aborto

El Gobierno se ha encontrado con un nuevo impedimiento a la hora de reformar la ley del aborto. Tras dar marcha atrás en su intención de abolir el derecho que garantiza la ley actual e implantar en España un sistema en el que solo se podría interrumpir voluntariamente el embarazo en supuestos muy restrictivos, lo que desembocó en la dimisión del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el Ejecutivo prometió que sí obligará a las menores de 16 y 17 años que quieran someterse a la intervención a disponer del correspondiente permiso paterno.

Para ello buscó un atajo legal: introducir el cambio en una ley de protección a la infancia que ya estaba prácticamente lista. Sin embargo, el Consejo de Estado ha censurado este intento al señalar que la normativa sobre los menores es de rango inferior a la del aborto, y en ningún caso puede usarse para retocar una ley orgánica. El órgano consultivo reprocha además al Gobierno, en un informe que adelantó ayer El País, que haya introducido el cambio a última hora, después de que el artículado ya hubiese sido revisado por las comunidades autónomas y el Consejo Económico y Social.

EL RECONOCIMIENTO

Aunque el dictamen no es vinculante, la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, reconoció ayer que el Gobierno se ve abocado a buscar otra vía para cumplir su promesa, que aseguró que sigue inalterable. El Ejecutivo «encontrará la fórmula que sea más correcta y adecuada para hacerlo legalmente pero nuestro compromiso está ahí», aseguró.

El despiste legal del Ejecutivo podría acarrear, no obstante, que la modificación sobre el derecho de las menores a abortar se retrase, y más teniendo en cuenta que la ministra encargada de aprobarla, Ana Mato, dimitió hace cuatro días. El nuevo titular del Ministerio de Sanidad no tomará posesión del cargo hasta el próximo miércoles.

Ahora falta por ver si el sucesor de Mato asume el espinoso asunto o por el contrario este vuelve a recaer en Justicia u otro departamento. Las opciones que hay sobre la mesa es que el Ejecutivo se atreva a tocar directamente la ley de plazos, lo que aplazaría considerablemente el cambio, o use otra ley orgánica ya en tramitación, pero que posiblemente no tenga nada que ver con este tema.

El PSOE criticó en cualquier caso al Gobierno por intentar usar una «puerta de atrás» para «perjudicar a las menores más vulnerables», que son las que no se atreven a comunicar su embarazo a sus padres.