El Gobierno ha dado por inevitable el cierre de la central nuclear de Garoña (Burgos), previsto para julio del año que viene, y ha culpado a la empresa propietaria, Nuclenor, por no haber solicitado el permiso de renovación de la actividad. El portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha calificado la decisión de "frivolidad irresponsable» e "incomprensible". También la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha considerado que el Ejecutivo no tiene que llevar la iniciativa en este caso e insistió en que Nuclenor es quien ha cambiado de opinión y quien tiene que dar explicaciones.

Vista general de la central nuclear de Garoña (Burgos). EDWIN WINKELS

El Gobierno se había pronunciado repetidamente a favor de alargar hasta el 2019 la vida la central burgalesa, la más vieja de España, como parte de una nueva política más favorable a la industria nuclear.

En este sentido, Hernando se ha mostrado dolido especialmente porque Endesa e Iberdrola, propietarias al 50% de Nuclenor, solicitaron conjuntamente al Gobierno la derogación de la orden ministerial con la que el anterior Ejecutivo socialista propuso el cierre de la central para el 2013. En parecidos términos se ha pronunciado Sáenz de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros: "Ahora dicha empresa considera que puede no estar interesada en esa renovación. Por tanto, el Gobierno en esto no tiene que llevar la iniciativa; la empresa ha cambiado de opinión y, por tanto, debe ser quien explique ese cambio de postura, al menos, a sus accionistas".

En el comunicado de Nuclenor, la compañía insistía en que precisamente era la incertidumbre regulatoria la que ponía en duda la viabilidad económica de la planta, teniendo en cuenta los resultados de explotación de los últimos tres años y las inversiones de 120 millones de euros que debería realizar para seguir funcionando, fruto del dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de los planes de modernización permanente de la planta.

CONTRARIO A LA PRÓRROGA

Por otra parte, el CSN se muestra contrario, por razones técnicas, a que la empresa Nuclenor pueda presentar una solicitud de prórroga para la planta atómica una vez vencido el plazo el 5 de septiembre. Según ha informado la agencia Efe, el CSN recibió el 24 de agosto una petición de informe del Ministerio de Industria sobre la petición que había formulado Nuclenor para que se alargara dos meses el plazo para la presentación de la solicitud de prórroga.

El CSN estima que "una reducción adicional de este plazo, necesario para llevar a cabo la revisión, evaluación, e inspecciones que procedan, afectaría negativamente al rigor y profundidad de la revisión del CSN". De hecho, este dictamen sirvió de base para la orden que el Ministerio de Industria emitió el 3 de septiembre en la que se denegó el alargamiento de plazo para la presentación de la solicitud de prórroga.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe han señalado que, en el plano administrativo, no sería necesario que el Gobier emitiera una nueva orden abriendo un plazo de presentación, dado que en la resolución del 3 de septiembre se abre la puerta a que Nuclenor presente un recurso de reposición que, de ser aceptado por el Gobierno, alargaría automáticamente el plazo de presentación de la solicitud de prórroga.