El Gobierno advirtió ayer a las siete comunidades autónomas que, como Catalunya, mantendrán con matices la asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles de que deberán asumir su «alto coste». «Tendrán que definir cómo lo van a sufragar en su ámbito de competencia», subrayó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras recordar que el Ministerio de Sanidad anulará hoy la tarjeta sanitaria de los inmigrantes en situación irregular y de todos los extranjeros que no cotizan a la Seguridad Social y que, de acuerdo con el decreto 16/2012, no pueden ser beneficiarios del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Una familia en la sala de espera del CAP Drassanes de Barcelona, el jueves. ALBERT BERTRAN

Edición Impresa

Versión en .PDF

Información publicada en la página 29 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 01 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

El vicesecretario general del PP, Esteban González Pons, fue más allá y en declaraciones a la Cadena Cope apercibió a las autonomías que no cumplan su objetivo de déficit y «no tengan sus cuentas arregladas con Europa», como Catalunya, de que deben atenerse al «paquete básico» del SNS.

Fuentes del Ministerio de Sanidad apuntaron que, una vez retirada la tarjeta del SNS, mantener la atención a los simpapeles -unos 153.000- llevará consigo también cierta complejidad burocrática, ya que las comunidades insumisas deberán manejar su tarjeta con validez solo para su territorio. El departamento que dirige Ana Mato recordó que, según el decreto, en caso de carecer de tarjeta sanitaria al paciente atendido se le pasará una factura. Si se declara sin recursos, no estará obligado a pagarla, pero la deuda quedará registrada y se le reclamará si dentro de un año tiene trabajo.

ARRECIA LA PROTESTA / Las asociaciones de inmigrantes, los profesionales sanitarios y los colectivos solidarios intensificaron su protesta ante el Ejecutivo para que pare una reforma que «incurrirá en una violación de los derechos humanos por limitar el derecho a la salud de los más vulnerables» y que «tendrá graves consecuencias para quienes sufran enfermedades crónicas, transmisibles y mentales». «No tenemos medios para pagar. Se nos condena a morir lentamente», subrayaron los portavoces de colectivos de inmigrantes que hoy celebrarán movilizaciones de protesta en varias ciudades, y una central en Madrid. Casi 2.000 médicos, 700 de ellos en Catalunya, se han declarado objetores para seguir atendiendo a los inmigrantes que sean sus pacientes.

Las organizaciones también critican que el Gobierno no haya regulado todavía la anunciada creación de convenios especiales para atender a los ahora excluidos.