El Consejo de Ministros ha dado luz verde a real decreto que reforma la asignatura de Educación para la Ciudadanía mediante la modificación de los currículos de Educación primaria y secundaria obligatoria "para suprimir las cuestiones controvertidas y susceptibles de caer en el adoctrinamiento ideológico", según explica el Misterio de Educación, promotor de la norma que entrará en vigor en el curso 2012. La asignatura se cursa en 5º o 6º de primaria y en 2º o 3º de ESO, dependiendo de la comunidad,

La asignatura Educación para la Ciudadanía ha sido un tema de oposición contra el Gobierno del PSOE por parte de la Conferencia Episcopal Española y de los sectores más conservadores desde su aprobación en el 2006, por entender que "adoctrinaba" y que parte su contenido atentaba contra ciertos principios. Por contra, el decreto aprobado hoy defiende --según el departamento que dirige José Ignacio Wert-- el respeto a la libertad de enseñanza y, en consecuencia, al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones filosóficas, religiosas o morales (artículo 27 de la Constitución).

Sin alusiones a la homosexualidad

El nuevo decreto ha sido duramente criticado por la izquierda por la eliminación que se ha hecho de las referencias a la homosexualidad y en concreto al rechazo de la homofobia y de cuestiones que aludían, de forma más o meno directa, a conflictos y tensiones sociales como "las actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad más justa". El temario mantiene la eliminación de cuestiones como la referencia a los afectos, al rechazo a los prejuicios racistas, sexistas u homófobos, las relaciones entre hombres y mujeres o la pobreza y la discriminación provocada por las desigualdades sociales y económicas

Nacionalismos excluyentes

Tal como se acordó en la conferencia sectorial de educación celebrada el pasado 24 de mayo, el decreto ha retirado del temario el concepto de "nacionalismo excluyente". Wert accedió a regañadientes al cambio tras las duras críticas de la 'consellera' catalana Irene Rigau y las del País Vasco y Andalucía, que defendían que ese concepto "se interpreta de una manera u otra según quien recibe y donde lo recibe (en Madrid o en Catalunya)".

El decreto hace especial hincapié en el estudio de la Constitución Española y en el respeto de sus instituciones y símbolos. No obstante dejan un 35% del desarrollo del temario a las comunidades autónomas para que incluyan los suyos y sus legislaciones.