La reforma de la ley de costas que el Gobierno quiere aprobar el próximo otoño amplía hasta 75 años las concesiones de miles de casas construidas ilegalmente en la playa y establece un régimen especial para Marina de Empuriabrava y Castell-Platja d'Aro (Girona). Otros nueve núcleos problemáticos también serán salvados de la piqueta al ser excluidos del dominio público marítimo terrestre, cuando por su situación entrarían dentro: la isla de Formentera, Rocafel (Alicante), Puerto de Santa Pola (Alicante), la ría de Punta Umbría (Huelva), el casco urbano de Isla Cristina y el Caño del Cepo (Huelva), Pedregalejo y El Palo (Málaga) y Oliva (Valencia). La futura norma, cuyo anteproyecto fue estudiado ayer en el Consejo de Ministros, también ampliará la autorización de 1 a 4 años de los chiringuitos de construcción que hay en las playas.

Vista aérea de la Marina de Empuriabrava. JOAN CASTRO

Edificaciones amnistiadas en Castell-Platja d'Aro. JOAN CASTRO

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Información publicada en la página 30 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 14 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

Estas once zonas conflictivas -barrios «históricos» para el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente-, pasarán a formar parte del Patrimonio del Estado, y sus más de 10.000 viviendas podrán ser inscritas como propiedades particulares y puestas a la venta, según explicó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos. La actual ley, promulgada en 1988, se las expropió a los dueños al fijar las nuevas lindes públicas marítimo-terrestres y, a cambio, les otorgó una concesión por 30 años que vencería en el 2018.

QUEJA AL PARLAMENTO EUROPEO / Ramos citó entre los principales beneficiarios a los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo Empuriabrava, que elevaron hace dos años una queja por la situación ante el Parlamento europeo. No obstante, la lámina de agua de estos canales seguirá siendo de dominio público. Además, la ley exime a las marinas artificiales de ser dominio público, como la marina de Empuriabrava (Girona), al señalar que «no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la inundación no lo fueran».

Pero a pesar de que estas barriadas quedarán fuera del marco normativo de la nueva ley, las viviendas no podrán aumentar ni la altura ni la extensión ni el volumen cuando hagan obras para mantenimiento y mejora. Tampoco se permitirá hacerlo a las casas, restaurantes, hoteles u otras propiedades ya construidad que se encuentran en suelo de dominio público y cuya concesión se amplía en 75 años. «Debe quedar claro que se mantiene y se refuerza la protección del litoral y que no se podrá construir donde antes no se podía», subrayó Ramos.

«CLÁUSULA ANTIALGARROBICOS» // La reforma incluye la bautizada como «claúsula antialgarrobicos» por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en alusión a un nuevo mecanismo previsto en la futura ley para impedir la construcción de hoteles ilegales fuera de la ley como el levantado en el parque natural de Cabo de Gata (Almería), que luego resulta muy difícil demoler. Así la futura ley faculta al ministerio y a las delegaciones del Gobierno central para suspender los planes urbanísticos o licencias municipales contrarios a los requisitios establecidos por la ley.

RÍAS, DUNAS Y PUBLICIDAD / Con el argumento de evitar problemas, garantizar inversiones e incentivar el turismo, la reforma autoriza a reducir en las rías la servidumbre de protección de 20 a 100 metros, especialmente en Galicia. También excluye del dominio público «las dunas artificiales y muertas», lo que reducirá la zona pública en lugares como Doñana, y mantendrá las industrias situadas en dominio público siempre que superen un informe ambiental. Asimismo, se permitirá la publicidad en las playas, hasta ahora vedada, «siempre que sea parte integrante o acompañe actividades permitidas en el dominio público».