Girona también sanciona a los bancos por tener viviendas vacías

El Ayuntamiento de Girona ha cumplido su amenaza y ha empezado a sancionar a las entidades bancarias que tienen pisos vacíos durante más de dos años y no los ceden para el alquiler social. La primera multa, que asciende a 5.400 euros (el equivalente a un año de este tipo de alquiler), se enviará esta semana al Banco Popular, que tiene otros ocho inmuebles desocupados en la ciudad y que, según fuentes del consistorio, ha sido uno de los bancos que más ha hecho caso omiso a los requerimientos previos enviados antes de recurrir a la vía de las multas.

Las sanciones son la consecuencia de una moción municipal que se aprobó el pasado mes de febrero siguiendo el ejemplo de otras ciudades catalanas como Terrassa, Sabadell y Santa Coloma de Gramenet. El concejal de Servicios Sociales, Eduard Berloso, explicó ayer que en un principio parecía que había «buena predisposición» por parte de los bancos para ceder las viviendas a la bolsa de alquiler social de la ciudad, pero tras largas conversaciones esos buenos propósitos no se han hecho realidad. «Al final, de los más de 51 pisos vacíos que se habían contabilizado en enero solo se materializaron ocho pisos y esa no era la respuesta que se esperaba. Por eso, después del Banco Popular se sancionará a otras cuatro entidades bancarias», precisó el concejal.

ROSARIO DE SANCIONES

Tras los requerimientos previos, el ayuntamiento les impondrá la primera sanción de 5.400 euros y, si en 15 días no hay respuesta de cesión, se les volverá a multar por un importe que todavía se ha de decidir. Si los bancos afectados siguen en sus trece, se les impondrá una tercera multa (también por determinar) y finalmente se les impondrá una nueva sanción que puede llegar hasta los 900.000 euros.

Según los datos del ayuntamiento, en Girona hay unas 600 viviendas que llevan más de dos años desocupadas, de las cuales unas 60 están en manos de bancos y más de 300 pertenecen a grandes empresas como inmobiliarias, promotoras y constructoras, a las que también se sancionará si no ceden las viviendas a la bolsa de alquiler social. Las otras 230 viviendas vacías que se han contabilizado pertenecen a particulares, contra los que no se actuará.