La defensa del ginecólogo Carlos Morín, al que se le juzga acusado de realizar 101 abortos ilegales, intentó ayer, en la primera sesión del juicio en Barcelona, anular el proceso que ha llevado al médico y a diez colaboradores al banquillo de los acusados. Desde el primer minuto, los abogados de los imputados pasaron al ataque y enumeraron lo que entienden como irregularidades en la instrucción para reclamar la anulación de la investigación. La fiscala Ana José Crespo se reafirmó en la validez de las pruebas y solo reconoció defectos de forma.

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Información publicada en la página 32 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 15 de septiembre de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

La fiscalía sostiene que en la mayoría de los abortos practicados en las clínicas de Morín, para quien reclama 309 años de prisión (como máximo cumpliría 12), no reunían el requisito sobre el riesgo para la salud física o mental de la madre. Las mujeres, incide, no eran ni visitadas por los psiquiatras. Según la acusación, las interrupciones del embarazo se hicieron «sin límite temporal » y con un «afán desmedido de lucro». Dos reportajes periodísticos, uno con cámara oculta, precipitaron la investigación. El grupo católico E-Cristians presentó la querella.

El abogado Miguel Capuz, que defiende a Morín, solicitó la nulidad de la causa por la vulneración de derechos constitucionales. A su entender, el proceso se inició a raíz de un reportaje periodístico realizado con una cámara oculta y, por lo tanto, mediante una prueba ilícita. Además, denunció irregularidades en la tramitación del proceso y se refirió a que en el 2007 (año hasta donde llega la investigación) no existía la ley sobre la interrupción del embarazo que complementaba el artículo del Código Penal que recoge el delito, por lo que no se puede aplicar.

PROCESO VICIADO / El resto de los defensores se sumaron a la petición de nulidad y extendieron las supuestas irregularidades a las intervenciones telefónicas. Para el abogado defensor Manuel González Peeters es un procedimiento «viciado», ya que empezó con un grabación con cámara oculta y continuó con una testigo protegida (hay dos) que aportó información sustraída con datos íntimos de las pacientes.