El juicio contra el ginecólogo Carlos Morín y otras 10 personas (uno de los imputados está huido) ha empezado hoy por la mañana en la Audiencia de Barcelona. La fiscalía reclama para el médico 309 años de cárcel por practicar 101 abortos ilegales hasta el 2007. Según la acusación pública, las interrupciones voluntarias del embarazo se hicieron “sin límite temporal alguno” y con un “afán desmedido de lucro”. A sus clinicas de la capital catalanas acudían cada año centenares de mujeres procedentes de España y de toda Europa. Dos reportajes periodisticos en un diario inglés y en la televisión pública danesa con cámara oculta precipitó la investigación judicial en el 2006. El movimiento ultracatólico E-Cristians presentó una querella.

El doctor Carlos Morín, en el juicio. RICARD CUGAT

En la primera sesión del juicio, el abogado Miguel Capuz, que defiende a Morín, ha solicitado al tribunal la nulidad de todas las actuaciones judiciales por la presunta vulneración de diferentes derechos constitucionales. A su entender, el proceso se inició a raíz de unos reportajes periodísticos realizados por una cámara oculta y, por lo tanto, mediante una prueba ilícita, aludiendo a una sentencia del Tribunal Constitucional que reprochaba esta práctica. El abogado también ha detallado diversas anomalías de tramitación de la causa, como el hecho de que no se notificara a su cliente algunos autos judiciales, así como su disconformida con resolución del juzgado instructor que archivo de la causa para las mujeres que abortaron. “No se puede hacer en el juzgado, sino en sentencia”, ha afirmado.

La ley de interrupción del embarazo

En su completa intervención, el abogado ha expuesto otros motivos por los que reclama la nulidad del procesos, como que Morín, en su opinión, no ha declarado por algunos delitos que le imputan, en concreto por la asociación ilícita y la falsedad documental de los informes médicos. Asimismo, se ha referido a que en el 2007 (año hasta donde llegan las investigaciones) no existía la ley que complementaba el artículo del Código Penal que castiga los delitos de aborto y, por lo tanto, no se puede aplicar este precepto.

El resto de abogados defensores se han sumado con argumentaciones similares a la petición de nulidad y, en algunos casos, han extendido su petición a supuestas irregularidades en las intervenciones telefónicas practicadas a los imputados y en las entradas y registros en las clínicas.

Al inicio del juicio, la fiscala Ana José Crespo, solicitó que se admitieran nuevas pruebas, como la declaración del periodista de la televisión danesa que hizo el reportaje sobre Morín, y el visionado del video que se realizó. El tribunal deberá decidir. La fiscala Ana José Crespo ha rechazado los argumentos de la defensa para solicitar la anulación del proceso y ha confirmado la validez de las pruebas. Sólo ha reconocido un defecto de forma al no haberse notificado en su día a Morín la admisión de la querella.

Riesgo para la madre

La fiscalía sostiene que en la mayoría de los abortos practicados en las clínicas de Morín no se cumplía el requisito legal sobre el riesgo para la salud física o mental de la madre. Las mujeres, incide, no eran ni visitadas por los psiquiatras que debían elaborar los informes. Los investigadores pincharon los teléfonos de Morín y sus colaboradores (incluida su esposa, la acusada María Luisa Durán) y registraron los centros. Los agentes confiscaron miles de históricas clínicas, que fueron cerradas.

El proceso contra Morín, que fue detenido junto con otros colaboradores, influyó decisivamente en los cambios legislativos sobre el aborto (la ley de plazos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero) y presupone un reto para los grupos antiabortistas. Sin embargo, en la puerta de la Audiencia de Barcelona solo había una decena de antiabortistas.