Los cerca de 40.000 inmigrantes censados en Catalunya que no tienen regularizada su situación seguirán teniendo acceso gratuito al médico de familia, confirmó ayer la Conselleria de Salut, que rehúsa así aplicar el cobro de una tasa a dicho colectivo, medida decidida por el Ministerio de Sanidad. La tarjeta sanitaria de los casi 300.000 inmigrantes que no pagan impuestos en España quedará inactiva a partir del 1 de septiembre, y sus titulares dejarán de tener derecho a la sanidad pública, tal y como recoge el real decreto publicado por el Gobierno el pasado abril. Quienes quieran mantener la asistencia tendrán que pagar.

Una sala de espera del CAP Raval Sud de Barcelona. RICARD CUGAT

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El conseller de Salut, Boi Ruiz, ya anunció en abril su intención de no cortar la sanidad pública a los inmigrantes irregulares, tanto por motivos humanitarios, dijo, como por razones de salud pública. Queda por decidir si, como pretendía, la Generalitat mantiene también la gratuidad de la medicina especializada para ese colectivo. «No hay nada decidido ¿indicó ayer un portavoz de Salut¿. Es probable que se les mantenga el especialista ante diagnósticos graves, como cáncer, sida u otros. El Servei Català de la Salut (CatSalut) autorizará caso por caso».

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