MARCHA ATRÁS en un cobro polémico

La Generalitat exime de su tasa judicial a los ciudadanos

La Conselleria de Justícia llega a un pacto con abogados y procuradores

Protesta contra las tasas judiciales en Valencia, el pasado noviembre.

Protesta contra las tasas judiciales en Valencia, el pasado noviembre.

J. G. ALBALAT
BARCELONA

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los ciudadanos y las pequeñas empresas no pagarán, al final, la tasa judicial catalana, que supone el desembolso de 60 a 120 euros por procedimiento. Así lo acordaron ayer al mediodía los representantes del Consell de l'Advocacia Catalana y el Consell de Col·legis de Procuradors de Catalunya y la Conselleria de Justícia. El objetivo es, según la Administración autonómica, «garantizar» el acceso efectivo a la justicia.

El acuerdo ha sido posible tras semanas de negociación y después de que el Tribunal Constitucional avalara la aplicación de la tasa judicial catalana. El pacto ha llegado a pesar de que inicialmente las dos partes, conselleria por un lado y abogados y procuradores por otro, tenían puntos de vista opuestos. Y es que los juristas siempre se han mostrado en contra de la aplicación tanto de la tasa judicial catalana como de la estatal, impulsada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

MANTENER EL MÁXIMO / El acuerdo recoge la ampliación de los supuestos en que medianas y grandes empresas quedan exentas del pago de la tasa: demandas de ejecución, reconversiones y las solicitudes de concursos. Asimismo, se ha decido mantener el mínimo de 60 euros y el máximo de 120 en la aplicación de la tasa, una cantidad muy inferior a las tarifas aplicadas por el Gobierno español, que, en algunos casos, pueden llegar a los 10.000 euros. La tasa catalana se aplicará solo en los ámbitos civil y contencioso-administrativo.

La Generalitat se ha comprometido a instar al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que modifique la ley de enjuiciamiento criminal para que se puedan incluir las tasas en los costes del proceso. Es decir, que quien deba abonarlas sea el perdedor del litigio. La Conselleria de Justícia mantendrá  la aplicación de un descuento del 25% para favorecer la presentación telemática de demandas.