Gas Natural y el Govern se enzarzan en una disputa por el incendio mortal de Reus

La ley 24/2015 contra la pobreza energética carece de reglamento, y es en este punto donde la compañía Gas Natural, que cortó el suministro eléctrico a la anciana de 81 años, Rosa P.V., fallecida el pasado lunes en Reus (Baix Camp) en un incendio causado por una vela, y el Govern se enzarzan en una disputa. De momento, la empresa se enfrenta a una posible sanción de un máximo de 100.000 euros por haber cortado el suministro a la mujer sin haberlo notificado antes a los servicios sociales del municipio, como obliga la norma para comprobar si se trata de una persona en situación vulnerable. Era el caso.

La exigencia de que el Govern despliegue la ley mediante un reglamento la comparten desde las compañías suministradoras hasta el Ayuntamiento de Reus, pasando por entidades sociales y asociaciones de consumidores. El objetivo más urgente es que no se repita un caso tan flagrante como la muerte de la anciana de Reus, que pese a estar atendida por los servicios sociales municipales, hacía dos meses que vivía sin luz sin que nadie lo supiera.

El consejero delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, ha admitido que la ley dicta que se haga una comunicación a los servicios sociales antes de un corte de suministro, si bien ha añadido que la norma "también dice que, para poder hacerlo, debe establecerse el reglamento de aplicación que contemple el protocolo de comunicación y actuación" con dichos servicios. Villaseca ha recordado que el Parlament instó en marzo al Govern "a aprobar dicho mecanismo a través de un decreto. A día de hoy aún no ha sido aprobado. Y, en consecuencia, la ley no está en condiciones de ser aplicada en este punto". 

Sin embargo, la Conselleria d'Empresa considera que la ley es tan clara que no hay necesidad de desarrollarla con reglamentos. Basta, a su juicio, con los protocolos de actuación ya operativos. En el mismo sentido se pronunció ya el  martes el presidente de la generalitat, Carles Puigdemont, que acusó a la compañía de haber "omitido su deber".

El balance de sanciones a empresas por cortes ilegales de suministro suma 180.000 euros: 18 multas del importe mínimo de 10.000 euros que prevé la normativa. Los planes de firmar convenios con las compañías funcionan bien en el caso del agua al ser, en la mayoría de casos, un servicio de titularidad municipal o mixto. En cambio, apenas hay convenios con las empresas eléctricas y de gas. El sector energético no está por la labor. El pasado mes de octubre, pidió suspender judicialmente los artículos de la ley contra la pobreza energética que obligan a comunicar los cortes de suministro y a paralizarlos si son a personas vulnerables. El juzgado contencioso administrativo, a principios de noviembre, ha admitido a trámite esta denuncia, pero también ha mantenido los protocolos vigentes.

A pie de calle, no obstante, lo que impera es la indignación por la muerte de Rosa P. V. Más de un centenar de vecinos de Reus se han concentrado este mediodía frente al ayuntamiento y han desplegado velas para condenar que la pobreza energética haya acabado con la vida de la anciana y se han vivido momentos de tensión cuando un grupo ha intentado entrar en el edificio y ha abucheado al alcalde, Carles Pellicer. Al atardercer, otra protesta más numerosa también ha mostrado su rechazo a lo sucedido. En la plaza de Sant Jaume de barcelona también ha habido una concentración.