El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, apeló ayer a una interpretación particular de un convenio y una recomendación de la ONU para sustentar la nueva legislación sobre la interrupción del embarazo que defienden, y que prevé eliminar la malformación del feto como supuesto legal para abortar. «La ley será acorde con el convenio internacional ratificado por España sobre las personas con discapacidad, que se opone a cualquier tipo de discriminación por esta razón», proclamó el titular de Justicia tras firmar un acuerdo con el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, para tratar de modernizar este alto tribunal. El convenio internacional, que también esgrimen los sectores conservadores y ultracatólicos, no habla de aborto ni de fetos, sino de personas con discapacidad.

Alberto Ruiz-Gallardón

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Información publicada en la página 33 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 27 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

PLAZOS SIN CUESTIONAR/ El segundo texto que maneja el Ministerio de Justicia es la recomendación de la ONU formulada a raíz de la entrada en vigor de la ley de plazos del 3 de marzo del 2010. Esa recomendación pide a España que antes del 3 de diciembre del 2015 suprima la distinción que permite llevar a cabo «abortos por motivos de discapacidad exclusivamente» a partir de las 22 semanas. La ley -que autoriza el aborto sin necesidad de justificación a partir de la semana 14ª de gestación- prevé que a partir de la 22ª semana solo se pueda interrumpir el embarazo por los dichos motivos de discapacidad.

La ONU no cuestiona la legalidad del aborto ni que se practique en casos de malformaciones fetales. Simplemente pide que la ley no distinga y establezca el mismo límite de semanas para todos los abortos.

¿La no discriminación, como interpreta Ruiz-Gallardón, se podría traducir en que la ley permitirá abortar sin supuestos ni distinciones hasta las 14 semanas, 22, más, o en ningún caso? «El proyecto de ley no ha entrado todavía en los supuestos, se están estudiando, pero estará listo a principios de octubre. Lo que sí está claro es que se vuelve con algunas modificaciones a la ley de 1985, que en principio no tenía plazos», informó un portavoz del ministerio.

CONTRARREFORMA «INTOLERABLE» / El retorno a esta ley fue calificado ayer de «una contrarreforma que supone volver atrás 35 años» por la secretaria de política social del PSOE, Trinidad Jiménez. «Es una política retrógrada, conservadora, ideológica, completamente al margen de lo que la sociedad ha reclamado en los últimos años y de lo que se está haciendo en el resto de Europa y del mundo», subrayó la exministra de Sanidad. El cambio es «intolerable e inadmisible en este momento en el que tenemos una ley que ofrece garantías» tanto a las mujeres como a los profesionales, añadió.