Gallardón abarata el 'tasazo' para divorcios y separaciones

Debe de haber pocos precedentes en la historia de un Gobierno que aprueba un impuesto por vía de urgencia, que no entra en vigor hasta pasados 26 días -porque no está listo el procedimiento de cobro- y que se ve forzado a corregirlo poco más de dos meses después mediante un real decreto ley.

Esta es la corta y polémica historia del tasazo de Alberto Ruiz-Gallardón, que el Gobierno va a enmendar hoy para evitar el recurso de inconstitucionalidad de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, e introducir ciertas aclaraciones que impidan, tal como denunció EL PERIÓDICO, que las tasas a abonar sean diferentes en unos juzgados u otros.

El Ministerio de Justicia se niega a admitir que sea una marcha atrás y define los cambios como una «adecuación del modelo». En parte tiene razón, porque el tributo consta de una parte fija y otra variable, y la primera, que oscila entre los 100 y los 1.200 euros, permanecerá casi inalterada. Eso sí, salvo en los divorcios y separaciones de mutuo acuerdo, donde los litigantes se ahorrarán el tributo, que asciende a 150 euros.

Asimismo, en las demandas que no haya acuerdo solo se abonarán 168 euros, frente a las cantidades desorbitadas (de varios miles de euros) que podían llegar a pagarse con la ley en vigor si el juzgado decidía contabilizar los bienes de los demandantes. Y es que la parte variable de la tasa, que depende del dinero a litigar, puede ser la más costosa, de ahí que el Ejecutivo acceda a rebajarla un 80% para las personas físicas. Por último, otro de los cambios afectarán a los funcionarios, que se beneficiarán del 60% de descuento del que gozan el resto de trabajadores que quieran recurrir su despido.

Como sucedió en noviembre, el Ejecutivo necesita un tiempo para tener listo el procedimiento de cobro. Por eso, durante el mes de marzo no se pagarán las tasas, que quedarán pendientes y comenzarán a abonarse 15 días después de que el Gobierno publique la orden que permite el cobro de las nuevas tarifas.

Por otra parte, el Ejecutivo anticipará hoy los efectos beneficiosos del proyecto de ley de justicia gratuita, de forma que se eleve el umbral económico de acceso y se incluya a las maltratadas, a las víctimas del terrorismo, de la trata, de accidentes graves o a los menores y discapacitados que hayan sufrido abusos o maltrato. El Gobierno les devolverá las cuantías pagadas en concepto de tasa desde que la norma entró en vigor, el pasado 17 de diciembre.