Frente común para sortear la suspensión constitucional de la ley antidesahucios

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TERESA PÉREZ / BARCELONA

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Ayuntamientos, Generalitat, partidos políticos y las entidades sociales de Catalunya han hecho un frente común para sortear la suspensión constitucional de varios artículos de la ley catalana 24/2015 antidesahucios y de pobreza energética. Políticos y organizaciones ciudadanas reclamaron celeridad para la aplicación de una nueva norma, que ya está en exposición pública, para impedir los 40 desahucios y 400 cortes de suministros que hay diariamente en Catalunya. Diferentes colectivos políticos y sociales han reconocido que este texto es “un primer paso, pero hay que ir más allá”.

El ‘president’, Carles Puigdemont, ha asegurado en una cumbre política y social celebrada en el Palau de la Generalitat la tarde de este viernes, la segunda convocada por Puigdemont: “Dejaremos sin efecto la suspensión del Constitucional con una nueva ley útil y efectiva para afrontar la emergencia habitacional”. Y ha anunciado la creación de un grupo de trabajo que “estudie el alquiler abusivo”, que se quiere poner en funcionamiento a principios de septiembre. Las entidades sociales y políticas, que han participado en más de una decena de reuniones para redactar este proyecto legal alternativo, acudieron a esta segunda cumbre justo el día que se cumplía el primer aniversario de la aprobación de la ley 24/2015, impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Alianza contra la Pobreza Energética.

SANCIONES DE 900.000 EUROS

Justo estas dos entidades son las más críticas con el nuevo redactado porque “queda corto, es difícil de aplicar y los resultados no serán los esperados para evitar desalojos y cortes de suministros”, afirmó Guillem Domingo, representante de la PAH. Domingo considera que es imprescindible que ayuntamientos y Generalitat utilicen de “forma valiente y contundente”  las herramientas que tienen a su alcance y desarrollen apartados de otras leyes que permitan ayudar a las familias más vulnerables. Los dos entidades han denunciado que las medidas no suspendidas por el Constitucional “no se aplican y no se aprovechan al 100%, como por ejemplo, las sanciones de 900.000 euros que se pueden aplicar a los grandes tenedores de viviendas vacías”. “No se ha impuesto ninguna sanción", ha dicho Domingo.

COLAU PROPONE ENMIENDAS

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dio su apoyo a la nueva norma alternativa, pero puntualizó que “hay que ir más allá y necesitamos más voluntad política y recursos”. Colau ha reclamado que en la presentación de enmiendas al anteproyecto, antes de que se inicie el trámite parlamentario, se incluyan medidas para impedir “alquileres abusivos”, un tema que hay que abordar con urgencia porque la mayoría de los desahucios son por impago del alquiler y apuntó la necesidad que haya un segundo texto normativo sobre esta materia. La alcaldesa reconoció que “hay un descontrol de precios” y el riesgo de que se produzca “una burbuja inmobiliaria del alquiler”. Reclamó que se imite lo que han hecho otras ciudades europeas como París o Berlín, que han marcado un precio máximo, según las zonas de la ciudad.

Los representantes de la federación y la asociación catalanas de municipios han destacado que el texto “es un punto de partida y triplica los municipios donde la Generalitat y los entes locales pueden intervenir para paliar los efectos de los desalojos". Así, se pasará de los 70 municipios actuales a 242.  

Oriol Illa, presidente de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a 3.000 entidades sociales, ha reconocido que “el proyecto no es mejor que la ley de hace un año, pero es mejor que una ley suspendida”. Illa ha apuntado que sería necesario “ir más allá y que los procedimientos de mediación recogidos en el anteproyecto fueran obligatorios”, pero para ello es necesario modificar la ley hipotecaria. Illa ha lamentado que los grandes tenedores de viviendas no hayan asistido al encuentro y ha recordado que Catalunya necesita 230.000 pisos de alquiler social y ha señalado que las entidades financieras tienen 47.000 pisos vacíos en Catalunya.  

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