El frente anti-LOMCE planta a Wert y deja al PP solo con las reválidas

José Ignacio Wert y Joan Mateu, secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, hablan ayer en el Ministerio de Educación.

José Ignacio Wert y Joan Mateu, secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, hablan ayer en el Ministerio de Educación.

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / MADRID

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El empeño del titular de EducaciónJosé Ignacio Wert, por que las reválidas previstas en la LOMCE se empiecen a aplicar lo antes posible dio ayer lugar a una situación inédita en la historia reciente de este controvertido ministerio: cinco comunidades autónomas, contrarias a la reforma, abandonaron de improviso la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación. Apenas 20 minutos después de que se hubiera iniciado la sesión, los representantes de Catalunya, Andalucía, Asturias, el País Vasco y Canarias se levantaron de sus sillas y plantaron a Wert y al resto de los consejeros autonómicos -todos del PP, salvo el de Navarra, de UPN-, porque el ministro desoyó su petición de paralizar el calendario de implantación de las pruebas de evaluación. Las autonomías díscolas exigieron, también sin éxto, que antes de aprobar (como estaba previsto ayer) los requisitos para la concesión de becas del próximo curso 2015-2016 se analice el impacto que ha tenido este año el sistema ideado por el ministerio.

Los críticos consideran que las pruebas de evaluación que Wert propone para el final de la ESO y el bachillerato son costosas (algunas fuentes calculan que organizar cada convocatoria valdrá unos 106 millones de euros, que, en principio, deberán financiar las autonomías), además de ser técnicamente inaplicables. «El solo hecho de tenerlas que realizar en un mismo día, simultáneamente en todos los institutos de España, las hace muy vulnerables y el ministerio ni siquiera ha previsto medidas para garantizar que no se harán públicas antes de tiempo», indicó Joan Mateo, secretario de Políticas Educativas de la Generalitat, que acudió a la reunión de Madrid en representación de la consellera de Ensenyament, Irene Rigau.

«Eso, por no decir que tal y como están concebidos, estos exámenes responen a un modelo caduco, anticuado, más propio de la noche de los tiempos», remachó el consejero canario, José Miguel Pérez. «No es necesario provocar incertidumbres en el alumnado y en sus familias ni tampoco desautorizar al profesorado o menospreciar a las comunidades autónomas», dijo Pérez, que actuó, a la salida de la sala de reuniones del ministerio, como portavoz del frente antiLOMCE. «Si siguen adelante con este decreto, van a ser ellos los únicos responsables del retroceso que sin duda supondrá la reforma», agregó el canario, tras recordar que las cinco autonomías rebeldes representan, según sus palabras, «a más de la mitad de los alumnos y del profesorado de toda España».

GESTO POLÍTICO, NO EDUCATIVO

Lejos de tomar nota de lo ocurrido o de analizar los motivos de la airada reacción de los díscolos, la docena de consejeros del PP que permanecieron en la reunión (la más breve desde que empezó a hablarse de la LOMCE) achacaron el plante «a razones políticas, no educativas», afirmó Marcial Marín, titular de Educación en Castilla-La Mancha. «Es una falta de lealtad, que se produce justamente cuando solo faltan 32 días para las elecciones autonómicas», recordó el consejero del gobierno que preside Maria Dolores de Cospedal.

Wert, que eludió entrar en valoraciones políticas, calificó la salida de los consejeros socialistas y nacionalistas como de «falta de consideración hacia la clara mayoría de comunidades autónomas». Defendió el ministro sus reválidas «como elemento de garantía de homogeneidad en el aprendizaje de los alumnos» y arguyó que España es «el único país de su entorno que no realiza pruebas de evaluación de las competencias básicas de sus estudiantes». En contra de lo afirmado por distintos expertos, los exámenes, tal y como están diseñados en el borrador de decreto presentado ayer, responden, según Wert, a un esquema moderno de evaluación, que mejorará el rendimiento global de los estudiantes, en especial de los más rezagados.

También defendió el titular de Educación el criticado sistema de becas para el estudio y anunció que este curso 2014-2015 los beneficiarios cobrarán unos 100 euros de ayuda más que el año pasado.