Freno a las reválidas y la separación de alumnos en la ESO

De lo mucho que se le ha criticado a la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa, la LOMCE del ministro José Ignacio Wert, hay sobre todo dos cosas que cuentan con el más absoluto rechazo de la comunidad educativa, desde los pedagogos que investigan en las universidades hasta los estudiantes y sus padres: las reválidas de final de ESO y bachillerato y la segregación de alumnos en el cuarto curso de secundaria. Son, según los expertos, las dos medidas de mayor impacto pedagógico y, también, las que hacen de la LOMCE una ley regresiva.

LAS PRUEBAS EXTERNAS DE PRIMARIA

Será difícil que la iniciativa que este martes se vota en el Congreso llegue a frenar la prueba de final de primaria, también conocida como 'reválida' de sexto, prevista para este mayo. Ocho autonomías (Navarra y las gobernadas por el PSOE) han anunciado ya que no harán el examen. Catalunya, donde las familias llaman a boicotear la prueba, mantendrá el mismo test de competencias que ha realizado los últimos ocho años.

LAS REVÁLIDAS DE ESO Y BACHILLERATO

Aunque el decreto que definirá estas pruebas está parado desde agosto (a petición de las autonomías díscolas con la LOMCE), en las últimas semanas el ministerio se ha puesto manos a la obra para decidir cómo serán estas dos reválidas, dos exámenes que el alumno deberá aprobar para obtener el título. La ley prevé que las primeras se hagan en junio del 2017, pero hasta el 2018 no tendrán efectos académicos.

LA SEGREGACIÓN POR NIVELES EN ESO

La LOMCE dice que en 4º de ESO los alumnos se separarán en dos itinerarios: el de los que van a bachillerato y el de los que harán FP. "Esta separación en vías de desigual valor durante la etapa obligatoria es una opción contraria a la igualdad en el ejercicio del derecho a la educación", critica Francesc Imbernón, pedagogo de la UB. Cada instituto debe decidir este junio qué itinerario seguirá cada alumno.

Con menos contenido pedagógico, pero igual de controvertidas, han sido otras medidas previstas y ya desplegadas en la LOMCE, que el actual curso 2015-2016 ha desembarcado en los institutos. Los partidos que piden la derogación de la ley (es decir, que aspiran a ir más allá de la mera paralización que ahora se va a votar) quieren que la asignatura de Religión deje de ser evaluable y reclaman que se deje de subvencionar con 6.000 la enseñanza en castellano en centros privados.

LA RELIGIÓN Y LA CIUDADANÍA

La presión de la Conferencia Episcopal Española se materializó en la inclusión de la Religión como asignatura de libre elección y evaluable, lo que significa que, a diferencia de lo que ocurría hasta ahora, la nota que un alumno saca en esta materia tiene efecto sobre su expediente académico. Y puntúa a la hora de pedir beca. La LOMCE, en cambio, ha relegado Educación para la Ciudadanía, que solo mantienen algunas autonomías.

6.000 EUROS PARA ESTUDIAR EN CASTELLANO

Empeñado en lo que el PP dice que es un derecho de los padres (el de elegir la lengua en que estudian sus hijos), el ministro Wert incluyó de forma expresa en la LOMCE la posibilidad de que las familias que quieran escolarizar a sus hijos en castellano y que no puedan hacerlo en un colegio público reciban 6.000 euros para pagar uno privado. Ese dinero se detrae de la transferencia que el ministerio hace a las autonomías.

LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

La formación profesional básica, a la que se derivan los estudiantes de más de 15 años ‘bloqueados’ en la ESO (porque han repetido curso varias veces, por ejemplo), fue una de las primeras en desplegar la LOMCE. La oposición considera que es una medida que solo sirve para maquillar las tasas de fracaso escolar. De hecho, el Gobierno la ha modificado ya para que quienes la cursan puedan optar, antes o después, a sacarse el título de ESO, inicialmente no previsto.