Fracasa la ley para regularizar a las empleadas del hogar

El año empezó con la nueva normativa que obligaba a legalizar el contrato de las empleadas del hogar con el claro objetivo de hacer aflorar toda la economía sumergida que existe en este sector, pero la ley ha fallado.

Recién finalizada la moratoria (el 30 de junio), las cosas siguen igual. El 31 de diciembre del 2011, la víspera de la entrada en vigor de la nueva ley, el antiguo régimen especial del hogar tenía 296.950 empleadas. Ahora, cuando se hayan realizado todos los cambios y actualizaciones pertinentes, el nuevo sistema contará con unas 301.000 afiliadas, una cifra técnicamente idéntica.

Hoy solo constan 213.797 cotizantes en el nuevo sistema, pero aún faltan cosas por hacer. Todas aquellas empleadas domésticas que en junio no se habían cambiado y por lo tanto seguían apuntadas al antiguo régimen, 127.973 en total, correrán suertes diferentes. La mayor parte de ellas, 87.405, pasarán automáticamente al nuevo sistema cotizando el tramo más alto, independientemente de las horas que trabajen. El resto, serán dadas de baja.

POSIBLES CAMBIOS / Con los datos sobre la mesa, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, admitió que la nueva normativa había fallado en su objetivo y se comprometió a realizar un informe para presentarlo al Parlamento, abriendo la puerta a un posible cambio enfocado sobre todo a facilitar y simplificar los trámites, uno de los puntos más criticados de la reforma.

Frente a otro de los puntos flojos del cambio de normativa, la falta de información, Burgos aseguró que la Seguridad Social puso todos los medios tanto humanos como materiales que tenía al alcance y señaló a las reticencias de los empleadores como posibles causantes de la falta de nuevos contratos legales.

EL FRACASO/ Según la última Encuesta de la Población Activa, durante el primer trimestre del año 507.700 personas trabajaban en economía sumergida como empleadas domésticas, aunque otras fuentes estiman que son más de 700.000 las que trabajan en negro. Para cambiar esto, el Gobierno quiso equiparar a las empleadas del hogar con el resto de los trabajadores en el máximo de cosas posibles. Contratadores y contratados han tenido medio año para realizar todos los cambios y durante los primeros meses las afiliaciones fueron bajando poco a poco en vez de subir. A pesar de los datos que auguraban lo peor, la Seguridad Social guardaba la esperanza de que en junio, a última hora, las cosas mejorarían. Durante este último mes se afiliaron más personas que en los anteriores, pero no tantas como esperaba el Gobierno.

CRÍTICAS DESDE EL INICIO/ La reivindicación para dignificar el trabajo de las empleadas domésticas llevaba tiempo en la agenda y parecía que el Gobierno finalmente había tomado cartas en el asunto. Pero el castillo de naipes no funcionó desde el principio.

El porqué del fracaso es difícil de concretar, pero los agentes sociales apuntan varios factores. Reformar las condiciones laborales de las empleadas del hogar era una tarea difícil dadas las particularidades de este empleo. Las labores que llevan a cabo van desde cuidar a los ancianos y niños hasta limpiar la casa, el salario acostumbra estar por debajo del mínimo interprofesional, cada empleador paga según lo pactado, la gran mayoría de contratos son verbales y muchos se pagan parcialmente en especias, sobre todo cuando la trabajadora está interna.

LOS PROBLEMAS/ Para luchar contra los agravios comparativos entre trabajadores, la nueva ley proponía entre otras cosas obligar el contrato escrito si era para más de cuatro semanas, limitar el pago en especias, fijar el salario mínimo interprofesional y regular las pagas, los festivos y las horas de descanso.

Sindicatos y agentes sociales criticaron que todas estas condiciones convertían al empleador en un empresario, aumentando el coste para ellos tanto en las pagas mensuales como en caso de despido debido a las indemnizaciones. Y por parte del empleado, a quien también le tocaba pagar una parte de la cotización, también había reticencias de tipo económico. Viendo que las afiliaciones iban a la baja, los sindicatos pidieron alargar la moratoria y cambiar la ley para agilizar los trámites y así facilitar realmente la contratación legal, pero no hubo modificaciones.