La Generalitat ya es libre para prescindir de Renfe. El decreto ley aprobado ayer por el Consejo de Ministros autoriza al Govern a buscar a otra operadora que preste el servicio de Rodalies. Tras varios meses de estira y afloja entre Fomento y la Conselleria de Territori i Sostenibilitat sobre la firma del nuevo contrato, el ministerio que dirige Ana Pastor ha dejado ahora la pelota sobre el tejado de Catalunya: a partir del lunes, si quiere puede iniciar los trámites para cambiar de compañía, si tan insatisfecha está del trato que recibe.

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Información publicada en la página 30 de la sección de cv Sociedad de la edición impresa del día 21 de julio de 2012 VER ARCHIVO (.PDF)

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En el artículo cuatro del capítulo dos del real decreto que se publicará el lunes en el Boletín Oficial del Estado se aclara que aquellas comunidades autónomas que tengan traspasadas las competencias de cercanías y regionales «podrán disponer la prestación de los servicios». En esta circunstancia solo está Catalunya. En el departamento que dirige Lluís Recoder prefirieron anoche no valorar el anuncio del Ejecutivo de Mariano Rajoy, del que conocieron los detalles ayer mismo por la tarde, a pesar de que en reuniones celebradas recientemente se les había apuntado que habría cambios importantes.

POCO EXPLÍCITA / De hecho, durante la rueda de prensa en la que compareció a mediodía la responsable de Fomento junto a la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, Ana Pastor no aludió a ese cambio tan relevante para la red ferroviaria catalana aunque fue preguntada explícitamente por ello. La Generalitat ha reclamado hasta la extenuación que se hicieran los cambios legislativos pertinentes para que pudieran elegir operadora. Defienden que si Renfe sabe que otra puede ocupar su lugar hará mejor su trabajo.

Sin embargo, en los despachos de Territori son conscientes también de que un cambio de este calibre no se puede improvisar. Que ninguna empresa puede poner 256 trenes de golpe sobre las vías. Y que a pesar de que en ocasiones se ha planteado que Ferrocarrils de la Generalitat o la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) podrían responsabilizarse de toda la red o de alguna línea, esta es una modificación con muchos cabos que atar.

LA INVERSIÓN QUE FALTA / Las divergencias entre Renfe y la Generalitat han acuciado en los últimos meses. Aunque el contrato de servicios ya estaba pactado desde el pasado octubre con el anterior Ejecutivo, el Govern se ha negado a firmarlo hasta que se concretaran las inversiones en el Pla de Rodalies, que preveía una inversión de 4.000 millones de euros y de las que solo se ha ejecutado un 6,9%, según la versión de Recoder.

Ahora está por ver qué ocurre con ese déficit, admitido por la propia ministra cuando alcanzó el cargo. Una cosa es que eventualmente Catalunya se decidiera a dejar de lado a la compañía y otra bien distinta es asegurar que los presupuestos del Estado garanticen las mejoras en una red que cada día transporta a 400.000 personas.

ULTIMÁTUM SIN EFECTO / Todo esto ocurre después de que el 4 de junio la Generalitat suspendiera la reunión del órgano mixto con Renfe, en la que la empresa insistió en la urgencia de llegar a un acuerdo sobre el contrato de servicios hasta el 2015. Con las relaciones casi rotas, solo faltó que al cabo de dos días la operadora nombrara unilateralmente a un gerente para Catalunya, Miguel Pérez. De hecho, y a pesar de que ejerce en el cargo, todavía sigue sin ser confirmado por la conselleria, cuyo responsable, un enfadado Lluís Recoder, dio entonces un ultimátum de un mes que se ha cumplido sin novedades. Hasta ayer, claro.

A la espera de lo que ocurra en Catalunya, el transporte ferroviario tampoco se libra de los recortes. En el Gobierno lo llaman «proceso de racionalización y eficiencia», pero en definitiva el resultado es lo que cuenta: Fomento eliminará trenes que, según sostiene, son deficitarios. Por definición, el sistema público de transporte genera deudas pero la crisis obliga ahora a sus responsables a mirar con lupa de qué se puede prescindir. La decisión, dice el decreto, se debe tomar antes del 31 de diciembre.

No hay aún concreciones, como también suele ser habitual en las últimas semanas, pero la liberalización anunciada para julio del 2013 en el ámbito de viajeros es la excusa para, antes de abrir el negocio a la competencia, aclarar dónde se puede ahorrar.