El flanco más sensible

El Parlament ha abierto en los últimos meses varias líneas de investigación que cuestionan actuaciones del sector social más sensible: el sanitario. La primera afectó al Hospital de Sant Pau, que entre el 2013 y el 2014 se vio envuelto en denuncias judiciales que aludían a acciones asistenciales o contractuales ocurridas en el centro. De todas ellas, solo está pendiente de juicio la que afecta a José Ignacio Cuervo -por el supuesto cobro irregular de dos sueldos de origen incompatible- y al antiguo gerente del centro, Jordi Varela.

Más recientemente, el Parlament aprobó una moción que ordenó paralizar la constitución del consorcio que unificaría la asistencia sanitaria pública de Lleida. El supuesto descontrol público que la citada reordenación implicaría, la multiplicación de cargos y la hipotética posibilidad de que el consorcio facilitara el acceso de instituciones privadas sin ánimo de lucro en la gestión asistencial de Lleida -posibilidad ya suprimida por la Conselleria de Salut- motivaron la acción parlamentaria. Los estatutos del futuro organismo prevén que quede integrado por el Servei Català de la Salut (CatSalut) y el Institut Català de la Salut (ICS). La vigente oposición del Parlament al proyecto, unida a la de entidades sanitarias de Lleida, mantienen en el aire su ejecución.

También el Hospital Clínic ha sido objeto de debate parlamentario. Tanto que, en un hecho sin precedente, los máximos representantes de los médicos y las enfermeras del Clínic pidieron ayer amparo a la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, y expusieron su indignación ante las «críticas ofensivas, opiniones inexactas, falta de rigor informativo e incluso insultos» que, dijeron, algunos diputados han expresado recientemente en sede parlamentaria conta el personal del centro sanitario público.

Esta insólita queja, expuesta por los médicos del Clínic en el Col·legi de Metges de Barcelona (COMB), al que también pidieron amparo, culmina un goteo de sesiones en las que diputadas de ICV, Ciutadans, y la CUP, al igual que la patronal de la sanidad privada catalana, ACES, han cuestionado la existencia y el correcto funcionamiento de Banaclínic, el área privada del Clínic. Este servicio, dotado de 15 camas, funciona desde el 2002 y sus beneficios revierten en la Fundació Clínic, órgano rector de la actividad y la investigación del hospital público.

«Han puesto en duda la honorabilidad y profesionalidad de algunos médicos, acusándolos de aprovechar los recursos públicos del Clínic para favorecer sus consultas privadas en Barnaclínic», afirmó Rafael Molina, presidente del comité de delegados médicos del Clínic. «Nuestra postura está clara: todos los trabajadores del Clínic reiteran su voluntad de que sea un centro público, como ha sido desde hace 110 años -afirmó Molina-. Si cumple la ley, nos parece bien que exista Barnaclínic. Su beneficio nos favorece». El pasado febrero, el Parlament impulsó una auditoría, aún en curso, sobre la gestión e independencia de Barnaclínic en relación al centro público. Molina se mostró sorprendido de que los parlamentarios no se hayan dirigido hasta ahora al personal del Clínic para obtener información. «Ningún diputado se ha interesado por nuestros argumentos», dijo.

La existencia de Barnaclínic quedó regulada en la ley de Ordenación Sanitaria de Catalunya, de 1990, que estableció que la financiación pública de la asistencia sanitaria se produciría a través del Servei Català de la Salut (CatSalut) y que ese servicio podrían prestarlo tanto centros adscritos a la Generalitat -del Institut Català de la Salut (ICS)- como una extensa red de hospitales pertenecientes a fundaciones o entidades sin ánimo de lucro preexistentes en Catalunya, que desde entonces conciertan el 95% de su actividad con el CatSalut.

La red de centos concertados, indicó dicha ley, pueden mantener una línea de asistencia privada, cuyas puertas de acceso deben estar perfectamente delimitadas, separadas de las públicas. A esta opción se acogieron el Hospital de Sant Joan de Déu o la Fundació Puigvert, entre otros. Y Barnaclínic. «Cuestionar la existencia de Barnaclínic supondría reabrir un debate que se cerró hace 25 años, el que definió el modelo sanitario catalán», afirmó Jaume Padrós, presidente del COMB.