La fiscalía solicita hasta 174 años de cárcel a funcionarios por la venta de datos privados

Sustraían datos de bases oficiales y los vendían a detectives privados. En mayo del 2012, la Policía Nacional desarticulaba una red que se dedicaba a la compraventa de información confidencial a gran escala en toda España. Un juzgado de Barcelona acumula miles de folios de la llamada Operación PitiusaOperación Pitiusa. La causa se dividió en piezas separadas. En una de ellas, la fiscala anticorrupción Teresa Duerto solicita 174 años de prisión para José Alfonso G. R, un funcionario de la Tesorería General de la Seguridad, y 5 años y 6 meses para Marc D. G., un empleado público del Servicio de Catastro de Barcelona, aunque la peor parte se la lleva el intermediario Tomas R. E., para quien reclama 187 años. Penas por la cantidad de delitos atribuidos a los acusados (hasta 46 en un caso). Sin embargo, en caso de condena,  solo cumplirán una parte.

Son ya tres los escritos presentados por la fiscalía anticorrupción por la Operación Pitiusa. En el primero, el fiscal Emilio Sánchez Ulled reclama hasta 108 años de prisión para un traficante de datos sanitarios, Jordi A.. Este investigador privado se hacía pasar por médico para conseguir, con una llamada de teléfono, que los profesionales sanitarios facilitaran información confidencial de sus pacientes. 

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La fiscala Teresa Duerto se ha hecho cargo del caso desde hace unos meses y ha presentado dos escritos de acusación más, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y en las que se reclaman decenas de años de prisión. En una de ellas, figuran implicados funcionarios y en la otra empleados de compañías telefónicas.

EL INTERMEDIARIO

Uno de los casos más graves es el que figuran los funcionarios de la Tesorería de la Seguridad Social y el del Servicio de Catastro de Barcelona. La fiscala señala en su escrito que durante el periodo comprendido entre octubre y diciembre del 2011, el acusado Tomas R., en situación laboral de jubilación, actuó como intermediario profesional mediante contraprestación económica en la obtención y transmisión de todo tipo de datos reservados extraídos “ilícitamente” de base de datos oficiales protegidas a través de contactos en organismos oficiales.

Tomas R. se especializó en obtener de manera rápida, según la acusación, mediante respuesta telefónica o cita personal datos reservados de la Tesorería General de la Seguridad Social y del Servicio de Catastro de Barcelona. Para lo primero, contaba, incide la fiscala, con la colaboración del funcionario José Alfonso G. R., que era quien supuestamente se introducía en la base de datos para facilitar información sobre la vida laboral o la situación de afiliación de determinadas personas. Los encargos se lo hacía Tomas R. en clave y usaban expresiones como “dos jarras”, “todo Italia”, “viaje completo” o “todo recorrido” o “te quedan billetes para todo un recorrido”. El funcionario recibía la correspondiente retribución.

Otro de los contactos de Tomas R. era Marc D. G., funcionario destinado al Catastro de Barcelona, que le facilitaba, por ejemplo, la titularidad de determinados inmuebles. El intermediario, también conseguía de otra persona datos de historias médicas. Entre los clientes que solicitaban los servicios de Tomas R. hay 12 personas, la mayoría detectives privados. Entre ellas está Sara D. G., para la que la fiscalía exige 68 años de cárcel.

HASTA 300 EUROS

De la investigación realizada, según la fiscalía, se desprende que los acusados “tenían conocimiento de que se estaban obteniendo y facilitando datos reservados obrantes en base de datos de acceso restringido”, menoscabando, con ello, “el derecho a la intimidad de los respectivos titulares” de esa información. Los precios que se cobraban eran de 150 euros por persona y 300 por empresas en el caso de datos de la Seguridad Social. Al funcionario imputado se le llegaban unos 50 euros por búsqueda.  En el caso del Catastro, se pagaba de 70 a 100 euros por búsqueda (no se ha podido determinar qué cantidad iba al funcionario). El precio por la obtención de datos médicos era de 300 euros por persona.

La fiscala señala en su escrito que respecto a los acusados Tomas R. E., José Alfonso G. R. y Sara D. G., el máximo de cumplimientos de las penas no podrá exceder del límite establecido en el artículo 76.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos. Es decir, el triple de la condena mayor por un delito.  En el caso de Tomas R. E. y José Alfonso G. R.  sería 18 años. Y de Marc D. G, 12 años.