La fiscalía denuncia al Gobierno y a Florentino Pérez por el Castor

La Fiscalía de Castellón sostiene que los ministerios de Medio Ambiente y de Industria, así como la empresa Escal UGS, promotora del almacén de gas Castor, pudieron cometer prevaricación y un delito ambiental durante la tramitación de la concesión del proyecto de extracción de hidrocarburos. La acusación pública apela a diversos estudios medioambientales para fundamentar la acusación de que la inyección de gas del proyecto fue la que desencadenó la crisis sísmica ante la costa de Tarragona y Castellón a finales del 2013.

Ante la existencia de «indicios de responsabilidad criminal», el ministerio fiscal presentará un escrito de denuncia ante el juzgado decano de Vinaròs -donde la promotora tenía la sede-, según confirmó ayer el fiscal jefe de Castellón, José Luis Cuesta Merino. El texto se dirige contra «los responsables» del Instituto Geológico y Minero, del Ministerio de Medio Ambiente, y del Departamento de Industria, que «intervinieron en la tramitación de la concesión de explotación» del proyecto. La denuncia  va dirigida también contra los responsables de la empresa promotora del plan, Escal UGS, participada el 66,7% por el grupo ACS, presidido por Florentino Pérez.

INDEMNIZACIÓN MILLONARIA/ La decisión de la Fiscalía de Castellón de trasladar la denuncia al juez, avalada por la Fiscalía General del Estado, llega un año después -con prórroga de seis meses incluida- de iniciar las pesquisas sobre el origen del millar de terremotos de pequeña magnitud registrados en la zona del almacén submarino de gas. «Abrimos la investigación de oficio porque teníamos que ver qué estaba pasando, ya que lógicamente existía un riesgo para la población y era importante conocer la relación de causa efecto entre la instalación y los sismos que se estaban produciendo», apuntó ayer el fiscal Cuesta.

Como resultado de esa investigación ha llegado la denuncia, que la Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ha acogido con entusiasmo. «Para nosotros, lo importante, además de la sentencia, son las averiguaciones que se hagan durante el proceso y que hasta ahora no se han podido hacer, por lo que es muy interesante que el caso haya trascendido a la vía judicial», señaló el portavoz de la plataforma Joan Ferrando.

«Esperamos que se aclare la situación del almacén de gas, si existió negligencia y si se daban las condiciones de salida para que ese proyecto fuera ejecutado», añadió Ferrando. El representante de la plataforma sostuvo que «las responsabilidades no se acaban con la tramitación», sino que «se alargan» hasta derivar en el pago de 1.350 millones de euros aprobado por el Gobierno para indemnizar a la empresa por los presuntos perjuicios y que asumirán los ciudadanos en sus facturas de gas de los próximos 30 años. El Govern confirmó ayer que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta compensación.

La Plataforma en Defensa de les Terres del Sénia ha convocado una manifestación para el 11 de enero en Alcanar para reclamar «el desmantelamiento definitivo de la planta» y para que la promotora «devuelva la indemnización».