La fiscalía de Barcelona archiva la mitad de los casos de bebés robados

La Fiscalía de Barcelona mantiene abiertas 76 investigaciones sobre supuestos casos de niños robados, la gran mayoría a raíz de denuncias de madres que sospechan que se les arrebató su hijo en el parto, y ha archivado otras 85 por falta de pruebas y por las dificultades para exhumar en fosas comunes.

El fiscal Miguel Ángel Aguilar, que lleva el caso de los "niños robados" en la provincia de Barcelona, ha hecho balance de la investigación que abrió en febrero del 2011, en la que ha ordenado 13 exhumaciones, ha rastreado en históricos registros civiles y ha ordenado a la Guardia Civil decenas de interrogatorios a madres denunciantes, a sus parejas y a otros testigos.

Las dificultades para practicar exhumaciones en fosas comunes, así como para encontrar ADN en los cadáveres desenterrados y consultar en registros civiles son los principales obstáculos con que se ha topado el ministerio público en su investigación sobre supuestos bebés robados, con casos que se remontan a las décadas comprendidas entre los años 60 y 80.

13 exhumaciones

En total, desde 2011, la Fiscalía de Barcelona ha tenido en sus manos 161 investigaciones sobre casos de supuestos niños robados, de las que se han archivado 85 porque los restos mortales estaban enterrados en fosas comunes u osarios generales, no se han encontrado las historias clínicas correspondientes o, simplemente, no se han hallado indicios de irregularidades.

En el marco de esa investigación, a la que no paran de llegar nuevas denuncias, el ministerio público ha ordenado 13 exhumaciones -dos de ellas programadas para el próximo año- en cementerios de Barcelona ciudad, L'Hospitalet de Llobregat, El Prat de Llobregat, Monistrol de Montserrat y Terrassa, todas ellas en la provincia de Barcelona. En todas las exhumaciones practicadas, se han encontrado restos mortales, aunque aún no se dispone de los resultados de las pruebas practicadas a los cadáveres, dadas las dificultades del Instituto Nacional de Toxicología para recoger muestras de restos biológicos en los mismos.

Expedientes inaccesibles

En un 90 % de los casos, las denuncias que lleva la Fiscalía han sido presentadas por mujeres a las que, tras dar a luz, se comunicó que su hijo había fallecido en el parto -en una época en la que los protocolos no permitían a los padres ver a los bebés muertos- y que sospechan que su hijo pudo ser entregado después ilegalmente en adopción.

Una minoría de las investigaciones corresponde a denuncias de personas que creen que fueron adoptadas de forma irregular, una situación en la que la Fiscalía se topa con otro obstáculo, ya que la ley impide al ministerio público acceder a los expedientes de adopción sin una autorización judicial.

Siete casos en el mismo centro

Por ese motivo, el fiscal presentará en los juzgados de Barcelona una denuncia para que se investiguen siete casos de adopciones posiblemente irregulares que presentan algunos rasgos comunes, ya que están vinculados a un mismo centro clínico, aunque por el momento no existen indicios de criminalidad suficientes como para acordar imputaciones, ha insistido Aguilar.

La Fiscalía ha tenido que remitir "multitud de oficios" a los registros civiles para conseguir las certificaciones de defunción de los casos que investiga, una gestión que resulta muy complicada dado que los datos sobre muertes y nacimientos se almacenaban de forma poco sistemática y ordenada. También está siendo dificultoso el acceso a las historias clínicas y a los legajos de abortos -en la época se consideraba abortos a los bebés que morían antes de las 24 horas de vida.