PRESUNTO DELITO ECOLÓGICO

El fiscal pide cárcel para directivos de la empresa que explota las minas de Súria y Sallent

Les considera responsables de una fuga de sustancias contaminantes de una zona de residuos en los años 90

J. G. ALBALAT / Barcelona

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Elfiscal deMedio Ambiente deBarcelona,Antoni Pelegrí, reclama en su escrito de acusación tres años y seis meses de prisión, multa e inhabilitación por presunta contaminación para Rafael Eduardo Sánchez Illera yAntonio Sánchez Espina, que en la década de los 90 ocuparon diversos cargos directivos de las empresas que se encargaban de gestionar lasminasdepotasadeSúriaySallent. La acusación pública solicita una pena menor, de dos años y nueve meses, paraJosé Ramón Membrillera, quien fuera también alto cargo de la empresa. 

Según el escrito del fiscal remitido al Juzgado de Instrucción número 2 deManresa, los tres acusados, en atención a sus responsabilidades y a pesar de tener conocimiento y aceptar "el defectuoso proceso de explotación y gestión ambiental en las actividades mineras de Súria y Sallent", no promovieron las "actuaciones efectivas" destinadas a evitar los diversos procesos de grave contaminación que se produjeron a lo largo de los años.

Escombrera de residuos salinos

La acusación sostiene que en la explotación de Súria, la empresaIberpotashtenía una enorme escombrera principal de residuos salinos (27 hectáreas) y dos pozos de extracción de mineral. Los Mossos detectaron en 1997 que la escombrera desprendía unos líquidos originados por el material acumulado a raíz de la lluvia y la humedad.

Estos productos que se generaban a causa del deficiente depósito de materiales iban a parar en forma de vertidos a los ríos, rieras, torrentes y pozos de agua subterráneas proximas, "afectando gravemente" al econsistema.  En la zona se tiraban cada año 1.200.000 toneladas de residuos.

Vertido al Llobregat

Tambíen se detectó que el 21 de agostro de 1999 se produjo una salida "incontrolada" de líquido contaminante proviniente de los depósitos de residuos de Sallent alrío Llobregat. Fuentes judiciales explicaron que la empresa presentó un plan de mejoras en el 2008.