RAMIFICACIÓN DEL 'CASO MILLET'

El fiscal pide 4 años de cárcel para el exteniente de alcalde de Barcelona García-Bragado

bragado

bragado / periodico

J. G. ALBALAT / Barcelona

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fiscalía de Barcelona reclama cuatro años y seis meses de prisión para el exteniente de alcalde de Urbanismo de BarcelonaRamon García-Bragadoy para el exgerente de UrbanismoRamon Massaguer por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y prevaricación a raíz de las supuestas irregularidades detectadas en el proyecto de construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música Catalana, un negocio impulsado por el expresidente de la instituciónFèlix Millet. Para el exresponsable del auditorio y su mano derecha,Jordi Montull, la acusación reclama 10 años y dos meses de cárcel por los mismos delitos y también por presunto tráfico de influencias y apropiación indebida. También figuran como acusados el arquitectoCarles Díaz (se reclama para él cuatro años y siete meses de prisión) y el exresponsable jurídico del area de Urbanismo Enric Lambies (para el que se pide la misma pena), .

En el escrito remitido al juzgado que investiga el caso, el fiscal Antoni Pelegrín solicita queMillet yMontull indemnicen alPalau de la Música con 567.000 euros y a la Generalitat con 333.000 euros mas. La acusación pública pide, además, que declaren como testigos elexconseller de EconomiaAntoni Castells, otros exaltos cargos de la Administración autonómica y del Ayuntamiento e Barcelona comoXavier Casas y el actual senador socialistaCarles Martí, e incluso el actual alcalde,Xavier Trias.

El fiscal relata queMillet yMontull, máximos responsables del Palau hasta el 2009, se pusieron de acuerdo para promover una operación urbanística dirigida "a conseguir importantes ganancias económicas" personales. El proyecto era la construcción de un hotel de lujo en unos terrenos cercanos al auditorio musical. Según la acusación, los dos imputados, aprovechándose del prestigio de la entidad que dirigían, así como de las relaciones personales generadas por su posición, contactaron con altos cargos de la Administración para que colaborasen en la operación urbanística.

La acusación sostiene que para conseguir una recalificación de unas fincas y "poder hacer el negocio lucrativo", contactaron conGarcía-Bragado, entonces secretario general de la Presidència de la Generalitat y después teniente de alcalde de Urbanismo, y conRamon Massaguer, gerente municipal de esta área. El fiscal implica a estos altos cargos en la operación de permuta de calificación urbanística del solar donde se iba a construir el hotel --que al final no se edificó-- por la de otros terrenos. El arquitectoCarles Díaz, agrega el fiscal, también colaboró, al igual que el asesorEnric Lambies.

La influencia de Millet

La fiscalía acusa a la cúpula del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato del socialistaJordi Hereu de haber sucumbido al poder de influencia deMillet para facilitar la tramitación urbanística del fallidoHotel del Palau, ocultando que se trataba de una operación que beneficiaba a un particular, pues su contrucción fue cedida a una empresa privada. En los trámites administrativos, sin embargo, figuraba como promotora la entidad cultural presidida por Millet. La constructora pagó a este y a Montull una comisión de 900.000 euros.

Según el ministerio público, después de que en el 2003 estos dos encausados consiguieron la titularidad de las fincas donde construir el hotel, "hicieron valer, de manera especial e intensa, el prestigio, reconocimiento y estima que la Fundació Palau de la Música tenía en la sociedad catalana" para sacar adelante el proyecto.

Para el fiscal, los imputados aprovecharon también "las relaciones personales generadas" desde sus cargos con responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento "para conseguir que colaboraran en la realización de aquella operación urbanística, firmando convenios, haciendo informes, agilizando trámites, dando información interesante o dictando resoluciones varias". Con esa operación,Millet yMontull buscaban, según el fiscal, "un importante beneficio personal", sin que conste acreditado que los funcionarios que intervinieron en el proceso lo supieran.

Permuta clave

Para conseguir el cambio de calificación de las fincas que debían albergar el hotel, los imputados "aprovecharon su relación de confianza y amistad" conGarcía-Bragadopara que hiciera las gestiones precisas para lograr un solar de titularidad de la Generalitat con el que efectuar la permuta urbanística necesaria.

De común acuerdo,Millet, Montull, García-Bragado yMassaguer acordaron impulsar dos convenios para hacer prosperar la operación urbanística, uno de ellos entre el Palau y el Departament d'Economia que permanecería oculto, y un segundo a tres bandas con el Ayuntamiento de Barcelona, añade el escrito.

Empleando sus "relaciones personales", los exresponsables del Palau consiguieron la aprobación de ese convenio sin el informe jurídico previo y preceptivo y sin ningún estudio técnico de laconselleria, "debido a la supuesta urgencia para su firma que hábilmente supieron provocar y simular Millet y Montull".

Indemnización de 3,6 millones

Dicho convenio establecía una indemnización de 3,6 millones de euros para el Palau de la Música --cantidad que según el fiscal querían quedarse sus exresponsables-- "por el simple hecho de ser aquella entidad cultural la titular del suelo", y dejaba en manos de Millet y del promotor hotelero la determinación de la cantidad que este debía pagar a la Generalitat, pese a estar "comprometidos los intereses patrimoniales" de la Administración.

En opinión del ministerio público,García-Bragado yMassaguer "fueron los dos máximos garantes de la correcta tramitación de la materia urbanística en el Ayuntamiento", garantizando que permaneciera oculto que el titular del proyecto era un particular para no desvirtuar su apariencia de interés público.