El fiscal ha pedido esta mañana en un juicio rápido una multa de 90 euros y el retorno del importe de los productos robados (242 euros) para Marián Fernández, la mujer de 28 años miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) que el lunes por la tarde fue encausada por el asalto a un supermercado de Vilafranca del Penedès.

El abogado de Fernández, por su parte, ha solicitado la absolución por entender que no hubo hurto, ya que no hubo ánimo de lucro y en ningún momento se reclamó a la mujer que devolviera los productos. El letrado considera que el estado de necesidad de Fernández también justificaría la absolución.

Fernández, vecina de Sant Martí Sarroca, no ha trabajado nunca, tiene tres hijos menores y su familia está en riesgo de ser desahuciada. El Consell Comarcal del Alt Penedès le congeló la ayuda que recibía en agosto del 2011 por falta de dinero. La suya es una de las cuatro familias entre las que la PAH repartió los productos robados en una acción del estilo acuñado por el alcalde Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo.